Human Rights Watch pide rechazar proyecto que sanciona el negacionismo ante violaciones a derechos humanos

La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este lunes al Senado que rechace un proyecto de ley que busca castigar el negacionismo de los abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet de 1973 al 1990.

El proyecto, aprobado y despachado al Senado el pasado 22 de septiembre, busca penalizar con hasta tres años de presidio a quién "justifique", "apruebe" o "niegue" las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, documentadas en informes reconocidos por el Estado.

El director para las Américas del Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, indicó que "las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales".

"El proyecto de ley contra el negacionismo contraviene estándares internacionales de derechos humanos actualmente en vigencia y probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país", añadió Vivanco.

Según la organización, las restricciones establecidas en el proyecto "atentan" contra la libertad de expresión y "pueden convertir a los sancionados en víctimas y conseguir que sus ideas generen aún más atención".

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"Chile tiene un interés legítimo en garantizar que la sociedad conozca de forma certera los aberrantes abusos cometidos durante la dictadura y en asegurar que se respete a las víctimas. Sin embargo, la criminalización de expresiones ofensivas no es una forma aceptable de lograr esos objetivos", añadió la organización en un comunicado.

La iniciativa fue ingresada en septiembre de 2016, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet en el contexto de la conmemoración de 44 años de la Dictadura Militar de Augusto Pinochet.

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En julio de 2018, durante el mandato de Sebastián Piñera, se presentó una indicación sustitutiva para finalmente ser aprobado en general por la Cámara el 9 de enero de 2020.

En la dictadura de Augusto Pinochet, más de 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado. 1.192 figuran como detenidos desaparecidos y 40.000 fueron encarceladas y torturadas por causas políticas.