Fiscalía propone juicio abreviado en caso de fraude tributario por más de $6 mil millones en Curicó y Romeral

Un giro procesal marcó la jornada en el Juzgado de Garantía de Curicó respecto a uno de los casos de fraude al fisco más grandes del último tiempo en la provincia.

Para este martes estaba fijada la audiencia de preparación de juicio oral, la cual finalmente fue pospuesta por el tribunal para el 30 de octubre a las 09:00 horas.

Pese a la reprogramación de la cita, el Ministerio Público dejó sentadas las bases para el eventual término de la causa, presentando una propuesta formal para llevar a los acusados a un procedimiento abreviado.

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El caso, que se originó tras una contundente querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), mantiene como imputados a nueve empresarios pertenecientes a las comunas de Curicó y Romeral.

A este grupo se le acusa de montar una sofisticada red de sociedades pantalla que, mediante el uso de facturas falsas, generó un perjuicio fiscal que alcanza los $6.718 millones.

Según los registros del tribunal, las sanciones más severas fueron propuestas para Elizabeth Farías Rodríguez y Claudio Rebolledo Orellana, para quienes el ente persecutor exige tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, la medida de libertad vigilada intensiva y una multa equivalente al 100% del monto defraudado.

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En el caso de José Cruz Varas, la Fiscalía solicitó 800 días de presidio menor en su grado medio y el pago de 10 UTM, sumado a una segunda pena de 541 días y 4 UTM.

Para el grupo conformado por Ramón Ormazábal Marambio, Raúl Galdames Soto, Pedro Reyes Reyes, Carlos Sepúlveda González y Daniel Aliaga Hernández, se exigen dos penas de 541 días de presidio menor en su grado medio, acompañadas de multas de 10 y 4 UTM.

Por último, para Alejandro Alberto Garrido Díaz se solicitó una condena de 541 días y una multa de 10 UTM.

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Para definir este eventual procedimiento, la magistrada Natalia Rojas Bravo fijó la audiencia de preparación de juicio oral y abreviado para el 30 de octubre a las 9:00 horas.

Además, ordenó oficiar al departamento de Migraciones de la PDI e INTERPOL con el fin de obtener el registro de entradas y salidas del país de todos los acusados desde enero de 2019 hasta la fecha.

El caso: Un fraude de $6.718 millones

Esta etapa judicial es el resultado directo de una dura querella criminal presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra los nueve imputados y dos empresas. La acción legal liderada por el director del SII, Hernán Frigolett Córdova, busca sancionar a la red que operaba en Curicó y Romeral por provocar un daño a las arcas fiscales que supera los $6.718 millones.

La investigación del organismo fiscalizador logró desbaratar una elaborada cadena de fraude dividida en tres eslabones: emisores iniciales, traspasadores de crédito fiscal IVA falso y un receptor final.

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De acuerdo a los antecedentes del caso, los querellados operaron como facilitadores entre enero y mayo de 2021, realizando la iniciación de actividades de 13 sociedades pantalla con datos falsos.

Estas firmas emitían la documentación tributaria fraudulenta que luego era canalizada hacia la empresa receptora.

Esta última compañía, mediante sus representantes, logró aumentar maliciosamente su crédito fiscal y rebajar su impuesto a la renta utilizando un total de 274 facturas falsas, concretando así el millonario desfalco al Estado.