Reprograman audiencia de preparación de juicio oral por millonario fraude al fisco en Curicó y Romeral

Un inesperado giro en los plazos judiciales marcó la jornada de este miércoles, luego de que el tribunal determinara reprogramar la esperada audiencia de preparación de juicio oral del emblemático "Caso SII". La instancia, que representa el inicio formal de la etapa resolutiva de este complejo proceso por delitos tributarios, quedó reprogramada para el próximo 1 de septiembre de 2026, a las 09:00 horas.

Si bien al recinto llegaron puntualmente todos los intervinientes —incluyendo a los abogados de los equipos de defensa, la fiscal Marcela Rocha y los representantes del Servicio de Impuestos Internos (SII)—, finalmente se tomó la decisión de aplazar los alegatos de apertura por motivos que no fueron dados a conocer.

Este extenso proceso judicial se remonta a la denuncia presentada por el ente fiscalizador y la posterior formalización, por parte de la Fiscalía de Curicó, de nueve empresarios y comerciantes con operaciones en las comunas de Curicó y Romeral. Según los cálculos de la acusación, el perjuicio a las arcas fiscales producto de sus acciones supera los $6.700 millones.

De acuerdo a los antecedentes recopilados durante la investigación, el esquema fraudulento operaba mediante la creación de sociedades por acciones (SPA) ficticias, constituidas bajo la rápida modalidad de “Empresa en un día” utilizando datos falsos.

Los imputados utilizaban estas entidades para simular actividades económicas completamente inexistentes en diversos rubros, tales como el corretaje, la agricultura, el transporte y la comercialización de alimentos. Además, la indagatoria arrojó que habrían recurrido a microempresarios para operar como testaferros, aprovechando que estos mantenían sociedades sin movimiento y un historial "limpio" ante el SII para concretar la millonaria defraudación.

En su querella, el Servicio de Impuestos Internos estableció la existencia de cuatro delitos principales que hoy sustentan la acusación: Aumento indebido de crédito fiscal; Presentación maliciosamente falsa del Formulario 22; Facilitación de documentación tributaria falsa; y Entrega de datos falsos en declaraciones de inicio de actividades.

El multimillonario perjuicio fiscal detallado en la causa se desglosa en $2.800 millones correspondientes exclusivamente al aumento malicioso de crédito fiscal y $3.822 millones derivados de la operatoria fraudulenta con las facturas falsas.

Dada la extrema complejidad y la envergadura del caso, el tribunal había impuesto previamente a los involucrados las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual ante Carabineros, condiciones que deberán seguir cumpliendo a la espera de la reanudación del proceso en el mes de septiembre.