Debate ciudadano tras altercado en Curicó: Condenan violencia de inspector pero exigen ordenamiento del comercio ambulante

El reciente incidente registrado en el paradero de la locomoción colectiva de calle Yungay, en el centro de la comuna de Curicó, y que involucró una agresión entre un inspector municipal y al marido de una vendedora informal, ha generado una ola de reacciones en la comunidad. A través de testimonios recogidos en el sector por VLN Radio, los ciudadanos expresaron sus posturas, las cuales transitan entre el repudio absoluto al uso de la fuerza y la urgencia de regular el comercio en las calles.

El punto de mayor consenso entre los consultados es la condena a la agresión física. Los transeúntes recalcaron que los conflictos deben resolverse siempre a través del diálogo, independientemente de quién haya iniciado el altercado. En este contexto, el actuar del funcionario público fue duramente cuestionado.

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Parte de la ciudadanía catalogó el hecho derechamente como un abuso de autoridad, dada la relación asimétrica que existe entre un inspector municipal y un ciudadano común. "Su contrato lo faculta para aplicar la normativa y retirar a la persona, pero no le otorga el derecho a agredirla físicamente", reflexionó uno de los entrevistados, cuestionando el criterio del operativo.

Por otro lado, el incidente despertó empatía hacia el hombre afectado. Algunos testigos lamentaron la situación, argumentando que el comerciante únicamente buscaba generar ingresos para subsistir. "Él solo buscaba ganarse la vida con su trabajo. Se debió dialogar antes de arrebatarle sus pertenencias", indicó otra persona consultada, apelando a una mayor sensibilidad social al momento de realizar las fiscalizaciones.

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Pese a la solidaridad mostrada hacia el vendedor agredido, el hecho también dio espacio para quienes critican la proliferación del comercio informal. Otros ciudadanos aprovecharon la instancia para expresar su molestia, advirtiendo sobre la inequidad que esta práctica genera.

Según argumentaron, la venta ambulante resulta injusta para los locatarios establecidos, quienes deben asumir altos costos operativos. "Ellos sí pagan impuestos, arriendos, luz, agua y permisos municipales", reclamó un vecino del sector.

Frente a esta problemática, la comunidad sugiere que los vendedores irregulares busquen la manera de organizarse y postulen a espacios autorizados por el municipio, tales como ferias libres, permitiendo así que ejerzan su actividad comercial de forma ordenada y sin perjudicar a quienes operan bajo la normativa vigente.