La mañana de este viernes se llevó a cabo una esperada audiencia de formalización de cargos en el Juzgado de Garantía de Curicó, en el marco de una investigación por reiterados fraudes de carácter patrimonial. Los delitos investigados han dejado un millonario perjuicio económico a diversas víctimas en la comuna, incluyendo a profesionales del área médica.
La causa judicial involucra directamente a la arquitecta Marcela Hernández Moreira y a José Muñoz Balbontín, quienes, según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, habrían actuado de manera conjunta para engañar y defraudar a diversas personas.
Durante la instancia judicial, el Ministerio Público imputó a Hernández Moreira por cinco hechos delictivos. Sin embargo, tras la exposición de los antecedentes, el tribunal resolvió revertir la medida de arresto domiciliario total que pesaba sobre la profesional. En su lugar, se decretó la medida cautelar de arresto nocturno, el cual deberá cumplir entre las 22:00 horas y las 06:00 de la mañana del día siguiente.
En el desarrollo de su defensa, la imputada argumentó que en este caso "pecó de confianza" y que estuvo "en un lugar que no debió estar". Dado que cuenta con irreprochable conducta anterior, la arquitecta arriesga una pena que fluctúa entre los 541 días y los 3 años, la cual eventualmente podría cumplir en libertad. Asimismo, durante su declaración, se mostró abierta a alcanzar un acuerdo reparatorio con las víctimas.
Cabe recordar que, a través de sus redes sociales, Hernández ya había entregado sus descargos respecto a uno de los casos más emblemáticos de la carpeta investigativa: la construcción del centro kinésico Traumek en 2019. En esa oportunidad, aseguró "no haber sido la arquitecta del proyecto ni la encargada de ejecutar las obras", además "no haber tenido ningún tipo de sociedad comercial o vínculo empresarial con Muñoz Balbontín ni con su empresa, "Don Matías Constructora".
El escenario fue diametralmente opuesto para el coimputado en la causa, José Muñoz Balbontín. El sujeto no se presentó a la audiencia de este viernes, intentando justificar su inasistencia mediante la presentación de una licencia médica.
No obstante, el tribunal desestimó la excusa médica y despachó una orden de detención en su contra. Actualmente, el individuo es buscado por las policías para que responda por el fraude de la clínica médica y las demás estafas. Se precisó que el imputado puede ser detenido ya sea en un lugar privado o incluso en la vía pública, si es que no se presenta a los requerimientos judiciales.
La investigación de la Fiscalía detalla que el actuar conjunto de los imputados habría afectado al menos a siete personas, generando un millonario perjuicio económico estimado en más de 300 millones de pesos. Dentro de la lista de víctimas figuran un conocido médico traumatólogo de Curicó e, incluso, una funcionaria local de la Policía de Investigaciones (PDI).
El tribunal fijó la próxima audiencia de este caso para el 21 de agosto, una fecha que será clave para definir el avance de las eventuales medidas reparatorias y el destino judicial del coimputado que hoy se mantiene prófugo.