El Tribunal de Familia de Curicó decidió dejar sin efecto la orden de intervención en la toma ilegal del terreno en la ribera del Río Guaiquillo, hoy denominada “Campamento Villa Príncipe”, la cual se iba a ejecutar este miércoles retirando a menores de edad del lugar ubicado frente a la Población Dragones Sur.
En el predio de propiedad del municipio, actualmente existe casi un centenar de casas construidas por ciudadanos extranjeros y chilenos, donde diversas familias habitan sin contar con recursos básicos para su subsistencia. Por ello, desde hace meses se planea el desalojo de los ocupantes y se decretó la demolición de las viviendas en un plazo que finaliza el 30 de mayo.
Ante las denuncias por la situación de vulneración de derechos de lactantes, niños y adolescentes, el magistrado de Familia, Fernando Bravo, había solicitado el amparo de la fuerza pública para su retiro desde el lugar hasta centros de protección, en distintos puntos de la región.
Sin embargo, el juez reculó en su decisión argumentando que “se nos indicaban inicialmente una serie de situaciones, que posteriormente no se fueron demostrando”.
La entrega de dicha información, precisó Bravo, “no se cumplió en los periodos que el tribunal lo solicitaba y no podemos sacar a un niño o a un bebé del lado de su papá o de su mamá que son sus redes, su familia, son su todo, por una denuncia que puede ser muy importante pero que a la fecha no está demostrada. Y cuando queremos que nos muestren más antecedentes, no los hemos obtenido”.
En ese sentido, explicó el magistrado, se está citando a declarar a los padres de los menores de edad a fin de recabar más antecedentes y decidir el curso de acción a tomar. De constatarse las vulneraciones, aseguró, se reactivará la orden de retiro y se les dará resguardo.
“Nos estamos coordinando con todas las instituciones, hemos tenido conversaciones con Carabineros, la municipalidad y la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD). Estoy solicitando una reunión con los seremis de Justicia y Desarrollo Social, porque creemos que esto debe ser integral para tomar una decisión lo más adecuada y que vele en beneficio de quienes nos importan, que son los niños”, apuntó el juez.
Adicionalmente, fuentes señalaron que la falta de intérpretes idiomáticos que pudiesen mediar en el fracasado procedimiento influyó en la determinación de no continuar. Por lo anterior, se han realizado diversas críticas a las autoridades.
Dentro de estas últimas, se encuentra la funcionaria jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la cual depende la OPD, Pilar Contardo, a quien se sindica como responsable de no entregar información detallada que justificara el operativo ni determinar con exactitud los recintos donde serían destinados los menores.
En ese contexto, tampoco se ha comprobado el riesgo que correrían los infantes por la supuesta presencia de armas de fuego al interior del campamento, como fue señalado dentro de las denuncias.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos de Dragones Sur, Elizabeth Trigari, reprochó que “lamentablemente siguen echando para atrás las cosas y los niños siguen siendo vulnerados. Está todo húmedo ahí, no tienen las condiciones básicas para vivir como baños y agua potable, se ve mucho menor aparentemente resfriados”.
“Eso es lo que se puede apreciar desde afuera, porque hace meses que no nos acercamos al lugar. Ellos están totalmente empoderados ahí, no dejan entrar ni nada. El cierre perimetral que hizo el municipio, ellos mismos los están rompiendo usando los palos impregnados para hacer las bases de las casas que siguen construyendo. Pasan con camionadas de ripio y arena, con materiales de construcción, haciendo caso omiso a la advertencia de las autoridades”, sostuvo la dirigenta.
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