Autoridades de Curicó buscan solución para desalojados de casa okupa en la Alameda

Casi tres días viviendo en la intemperie y con sus enseres esparcidos en el bandejón central de la Alameda Manso de Velasco de Curicó, permanecen los desalojados de la casa ocupada denominada “La Klínica”, tras un procedimiento policial desarrollado este martes.

Tras la expulsión, determinada por el tribunal mediante una resolución judicial luego de la denuncia del actual dueño del inmueble, una veintena de hombres y mujeres está viviendo en la calle mientras aún sigue la pandemia por Coronavirus.

Al respecto, el alcalde, Javier Muñoz, declaró en Sala de Prensa de VLN Radio que “es una situación súper compleja en estos tiempos. Para desalojar a estar personas, también era necesario ver con anticipación qué iba a pasar con ellos ya que no pueden estar ahí, en medio de la Alameda en una especie de campamento”.

“Se nos informó hace bastante tiempo sobre la decisión del tribunal, pero dijeron que no se iba a hacer efectiva justamente por la contingencia y porque se debía hacer una intervención social, antes de la expulsión. El problema no se está resolviendo, es más, se agudizó, por lo que hubiésemos esperado una mejor coordinación y comunicación”, indicó la autoridad comunal.

En ese sentido, Muñoz apuntó a la responsabilidad del gobernador, Roberto González y de Carabineros, señalando que “se habló en su momento que esto se iba a detener hasta que no se planificara un procedimiento de fondo. Esperamos que la autoridad de gobierno asuma su responsabilidad, porque se trasladó un problema desde el interior de una propiedad privada a la vía pública, un lugar de alta concurrencia de familias”.

Asimismo, el alcalde comentó que se debe hacer un catastro a las mujeres y hombres expulsados para ayudarlos. Esto, ya que trascendió que varios de ellos son originarios de Valparaíso, a quienes el municipio no podría apoyar por ser foráneos, según lo establecido por la Contraloría.

“Hablé con el gobernador, más aún cuando sus funcionarios le dieron mi teléfono a los desalojados para que les solucione el problema. Le manifesté nuestra preocupación y molestia por ello, también hablé con Carabineros, quienes me trataron de dar algunas explicaciones”, aseveró el jefe comunal.

Por su parte, González, manifestó que “el administrador de los bienes nacionales de uso público en la comuna es el municipio y obviamente también el alcalde, como encargado. Junto a los departamentos sociales, les hago la invitación a que busquen una solución definitiva para estas personas”.

“El desalojo surgió de una resolución judicial, ellos fueron informados de esto y se coordinó con el Departamento de Seguridad Pública, además del de Aseo y Ornato, quienes fueron parte del procedimiento y estuvieron presentes ahí. No me puedo hacer cargo de la desinformación que se da en sus equipos”, señaló el gobernador.

En cuanto al trabajo social planteado por el alcalde, el representante del Gobierno indicó que “se les hizo una invitación a través de la ONG, Alta Tierra, quienes administran el Centro de Día, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social, para que hagan uso de las instalaciones que han seguido funcionando en calle Prat, pero no quisieron hacerlo”.

“Se les dijo que ahí pueden buscar alimentación, enseres, usar el baño, las duchas. También se les ofreció la posibilidad de guardar algunos artículos personales de los que tienen. Uno de ellos dijo que trabajan, bueno, entonces invito al municipio para que busquen una fórmula para que generen propios ingresos u otra alternativa para pernoctar”, agregó el gobernador.

Por último, la autoridad provincial precisó que “como gestión del Equipo Social de la Gobernación, a muchas de estas personas que antes vivían en la Iglesia San Francisco, se les pagaron los pasajes para que regresaran a sus ciudades de origen. Varios se fueron, pero volvieron y estuvieron viviendo en la casa okupa”.