Desbaratan red de corrupción que defraudó al Estado por casi tres mil millones de pesos en el Maule
Una extensa investigación reveló una asociación ilícita que, en conjunto con una empresa constructora, defraudó al Estado por casi 3 mil millones de pesos, operando desde el 2024 y motivando una querella por parte de la actual administración.
Una investigación conjunta entre la Fiscalía Regional del Maule y la Policía de Investigaciones (PDI) ha logrado desbaratar una asociación criminal responsable de defraudar al Estado por un monto cercano a los $2.972 millones de pesos. Esta organización, conformada por funcionarios públicos en ejercicio y una empresa constructora privada, operaba al interior del Gobierno Regional del Maule y diversas municipalidades de la zona, entre ellas Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier. Según los antecedentes preliminares, los involucrados habrían cometido múltiples delitos, tales como fraude al fisco, cohecho, soborno, estafas a entidades de factoring, falsificación de documentos mercantiles, delitos tributarios y lavado de activos.
La noticia, que ha generado impacto a nivel nacional, provocó allanamientos en diversos domicilios durante la madrugada de este lunes 05 de octubre. Al respecto, el actual gobernador regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez (UDI), se pronunció sobre estos graves hechos y aclaró que las irregularidades comenzaron antes de su administración. "Este es un tema que viene pasando desde el 2024 hacia atrás. Nosotros asumimos el 2025 y la primera gestión que hicimos, fue presentar una denuncia el 7 de abril del 2025", afirmó la autoridad, señalando que la acción se inició tras las advertencias del equipo jurídico del Gore en enero de ese mismo año.
Según detalló Álvarez-Salamanca, los funcionarios públicos implicados trabajaban en el área de presupuesto e inversión, siendo responsables de administrar los proyectos vinculados a la empresa constructora investigada, la cual tendría base en Linares. Tras la denuncia inicial, uno de los trabajadores renunció voluntariamente, mientras que al segundo se le aplicó un sumario administrativo y fue suspendido de sus funciones. Ante la gravedad de los hechos, el 17 de abril el gobierno regional presentó una querella criminal para salvaguardar el patrimonio fiscal. "Aquí lo más importante es resguardar los recursos públicos y la fe pública. El gobierno regional está tomando todos los resguardos desde un inicio", aseguró el gobernador, enfatizando la importancia de investigar a fondo y recuperar los fondos estatales defraudados, que se estiman en unos 90 millones de pesos correspondientes solo al Gore.