Revés del Gobierno en el TC por Megarreforma: Rechazan requerimiento contra reconexión de servicios básicos

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este martes, por 9 votos a 1, el requerimiento presentado por el Ejecutivo en el marco de la Ley de Reconstrucción Nacional. La controversia se centró en el artículo 31 de la megarreforma del Presidente José Antonio Kast, el cual obliga a la reconexión gratuita de servicios básicos (luz, agua y gas) para usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ubicadas en zonas declaradas en estado de catástrofe, sin importar su condición de pago.

La defensa del Ejecutivo argumentó que dicha modificación infringía el artículo 69 de la Constitución Política, debido a que las indicaciones presentadas durante el trámite legislativo en el Congreso deben guardar directa relación con las ideas fundamentales del proyecto.

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Tras conocerse el dictamen desfavorable, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la situación descartando mayores polémicas. "El Tribunal Constitucional realizó su fallo y como procede en una democracia con separación de poderes, los fallos no se comentan, se acatan. Y por lo tanto, lo relevante acá es que hay un tribunal de la República que desestima la presentación del Presidente y por lo tanto la norma, de acuerdo al TC, es constitucional", aseguró la autoridad.

Asimismo, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, anticipó de forma escueta que el Gobierno se encuentra evaluando el ingreso de una "ley corta" al Congreso, iniciativa que podría concretarse una vez que la megarreforma sea promulgada.

Aunque las empresas de servicios básicos emitieron comunicados iniciales asegurando que respetan el fallo del TC, también manifestaron una profunda preocupación, coincidiendo en que la indicación aprobada podría comprometer gravemente la seguridad de sus trabajadores y usuarios. La normativa exige la reposición de los suministros en plazos sumamente estrictos: 48 horas para los servicios de electricidad y gas, y apenas 24 horas para el agua potable y el alcantarillado.

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Ante este escenario, las agrupaciones empresariales decidieron no bajar los brazos. Aprovechando una causa de control preventivo de constitucionalidad que sigue abierta en el TC, la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) presentó un escrito formal cuestionando el polémico artículo 31.

El presidente ejecutivo de AGN, Carlos Cortés Simon, advirtió tajantemente que la normativa es "imposible de cumplir resguardando la seguridad de todas las personas", enfatizando que, en su industria, proteger a la población implica "no reconectar antes de saber que es seguro hacerlo".

En una línea similar, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, expresó que fijar plazos rígidos sin considerar las condiciones reales de una catástrofe podría desviar valiosos recursos técnicos que deberían enfocarse en la reposición masiva del servicio.

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Finalmente, desde Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS) recalcaron que imponer estas obligaciones en medio de una emergencia obliga a desplegar personal en condiciones de alto riesgo y dificulta la priorización de infraestructuras críticas, como hospitales y escuelas.

Organizaciones empresariales como la Sofofa y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se sumaron a las alertas, señalando que esta ley vulnera la certeza jurídica y la estabilidad regulatoria, al obligar a reponer de forma gratuita suministros que, en varios casos, podrían haberse encontrado suspendidos por deudas previas a la catástrofe.