La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado un considerable monto de $796.440 millones en saldos contables que no presentan movimiento. Estos recursos, registrados en cuentas financieras de organismos del sector público y municipal, han permanecido inactivos desde el año 2020 hasta marzo de 2026, según se desprende de un análisis realizado por la entidad.
La herramienta de análisis de datos de la CGR, denominada RADAR, fue la encargada de detectar esta situación. Del total identificado, la mayor parte, $641.954 millones, corresponde a organismos del sector público, mientras que $154.486 millones pertenecen al ámbito municipal. Esta información proviene del Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN).
Todo sobre Fiscalización
A través de su informe RADAR N° 3, la Contraloría advierte que, si bien la mera existencia de saldos sin movimiento no constituye una irregularidad per se, su prolongada inactividad sí genera riesgos significativos para la correcta gestión de los fondos públicos.
Entre los peligros señalados se incluyen la posible pérdida de dineros que deberían ser recuperados mediante gestiones de cobranza, la transferencia de recursos que no estarían siendo utilizados para los fines para los que fueron destinados, y registros financieros que no reflejan la realidad actual.
Un aspecto clave del hallazgo es que más del 90% de estos montos corresponden a cuentas por cobrar. Esto significa que se trata de recursos cuya recuperación depende de procesos de cobro y que, por lo tanto, no son fondos disponibles de forma inmediata para las instituciones.
La Contraloría ha alertado que esta situación puede incrementar el riesgo de que los montos se vuelvan incobrables o incluso prescriban. En el caso de los fondos que sí deberían estar disponibles, su falta de movimiento podría indicar que están inmovilizados, que no se están utilizando para sus objetivos originales, o que existen problemas en la actualización de la información contable.
Los antecedentes recopilados serán enviados directamente a las entidades afectadas para que procedan a revisar los saldos detectados. Se espera que, según corresponda, inicien acciones de cobranza, regularicen los registros inactivos y refuercen sus sistemas de control y seguimiento financiero.
Adicionalmente, la CGR ha indicado que estos resultados servirán como base para futuras fiscalizaciones, con el propósito de mejorar la calidad de la información financiera y fomentar un uso más eficiente de los recursos públicos.
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