La seguridad se ha consolidado como la principal prioridad para la ciudadanía, sin embargo, un 54% de los encuestados considera que la gestión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en esta materia ha sido peor o mucho peor de lo anticipado. Así lo revela la encuesta Agenda Criteria, divulgada este domingo.
Este estudio se da a conocer en un contexto marcado por la reciente Operación Cancerbero, que implicó el traslado de 687 internos de alta peligrosidad a la cárcel La Laguna de Talca, y por las controversias surgidas en torno a los borradores de la reforma constitucional que forma parte de la agenda de seguridad del Ejecutivo.
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Según los resultados del sondeo, la mejora de la seguridad acapara el 28% de las preferencias como la acción más urgente para el país. Le siguen en orden de importancia la mejora de la salud pública (16%), la generación de empleo y mejores salarios (15%), y la reactivación económica (12%).
Además, al ser consultados sobre la disyuntiva entre seguridad y libertad, un 73% de los participantes optó por priorizar la seguridad, incluso si esto implica una cesión de ciertas libertades. Este porcentaje representa un aumento de cinco puntos respecto al 68% registrado en 2022.
La preocupación por la seguridad se manifiesta de forma transversal en todos los espectros políticos, aunque con variaciones: alcanza un 86% entre quienes se identifican con la derecha, un 68% en el sector centro y un 51% en la izquierda.
Mayoría demanda nuevas leyes contra la delincuencia
A pesar de su alta relevancia en las preocupaciones ciudadanas, un 54% de los encuestados evalúa la gestión gubernamental en materia de seguridad y control del delito como peor o mucho peor de lo esperado.
En contrapartida, un 19% califica dicha gestión como mejor o mucho mejor de lo previsto, mientras que un 27% considera que no ha habido variaciones significativas.
En cuanto a la política migratoria, un 47% de los consultados estima que la gestión del Ejecutivo ha sido peor de lo esperado, un 25% la considera mejor, y un 28% cree que no ha superado ni defraudado sus expectativas.
La encuesta también evidencia que un 61% prefiere que el Gobierno centre sus esfuerzos en la aprobación de nuevas leyes y atribuciones para combatir la delincuencia. Por otro lado, un 30% considera prioritario la implementación completa de las normativas ya existentes.
Esta demanda por nuevas herramientas legales es mayoritaria en la derecha (73%), el centro (64%) y entre quienes no se identifican políticamente (60%). En la izquierda, el 47% apoya esta medida, frente a un 45% que prefiere la aplicación de las leyes actuales.
Alto respaldo a medidas, pero menores expectativas de concreción
Las medidas de seguridad anunciadas por el Ejecutivo gozan de un amplio respaldo ciudadano. Iniciativas como el aumento de penas por reclutar menores para cometer delitos y la tipificación de la pertenencia a organizaciones criminales como delito con penas agravadas alcanzan un 94% de aprobación.
Otras medidas que reciben apoyo significativo incluyen el despliegue policial permanente en 50 barrios críticos (90%), un régimen penitenciario especial para narcotraficantes (84%), el reforzamiento de fronteras con tecnología y monitoreo (82%), y una mayor protección legal para policías y militares en legítima defensa (75%).
No obstante, las expectativas sobre la concreción de estas iniciativas son menores, fluctuando entre el 53% y el 69%.
Las cifras más bajas de confianza en la implementación se observan en el régimen penitenciario especial para narcotraficantes, cuyo cumplimiento es considerado probable por un 53% de los encuestados, y en el despliegue policial en 50 barrios críticos, con un 55%.
En el caso del régimen penitenciario, existe una brecha de 31 puntos entre el respaldo a la propuesta y la confianza en su ejecución. Para el despliegue policial, esta diferencia alcanza los 35 puntos, la mayor registrada entre todas las medidas consultadas.
Detalles del despliegue de la Operación Cancerbero
Los resultados de la encuesta se conocen tras la ejecución, el jueves, de la Operación Cancerbero. Este operativo, llevado a cabo por Gendarmería y Carabineros, consistió en el traslado de 687 internos de alta peligrosidad desde diversas cárceles del país al Centro de Cumplimiento Penitenciario La Laguna, en Talca.
Entre los reclusos trasladados se encontraban 37 individuos pertenecientes a estructuras de crimen organizado, incluyendo nueve líderes y 28 miembros, además de 154 reclusos calificados como de alto compromiso delictual y especial peligrosidad, según información proporcionada por La Moneda.
El operativo se desarrolló en dos fases: una primera salida de 295 internos desde un recinto transitorio en el Centro de Justicia de Santiago, seguida de un segundo grupo de 392 reclusos.
La caravana estuvo custodiada por aproximadamente 100 vehículos de Gendarmería y Carabineros, además de dos helicópteros policiales. Los internos provenían de establecimientos penitenciarios de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, la Región Metropolitana y Los Lagos, entre otras.
Borradores de reforma constitucional generaron tensiones
Paralelamente, el Ejecutivo se encuentra trabajando en una reforma constitucional como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que agrupa más de 30 iniciativas legislativas.
El Gobierno ha anunciado que la propuesta busca consagrar en la Constitución el deber del Estado de resguardar la seguridad pública y habilitar nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.
Uno de los borradores preliminares, que fue divulgado por La Tercera, contemplaba regímenes penitenciarios diferenciados para condenados por estos delitos. Estas medidas incluían restricciones en comunicaciones, visitas, traslados y beneficios carcelarios, con el fin de impedir que continuaran dirigiendo actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.
El texto preliminar también proponía que estos condenados quedaran inhabilitados, durante el cumplimiento de su pena y por los 15 años posteriores, para acceder a prestaciones estatales en áreas como salud, educación, trabajo y seguridad social.
Este último punto generó reparos políticos y jurídicos, incluso dentro del propio Gobierno y el oficialismo. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aclaró posteriormente que el documento difundido era "muy antiguo" y afirmó que las atenciones de urgencia y las medidas de salud pública seguirían garantizadas.
Este domingo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió que su partido no apoyaría la reforma en las condiciones conocidas, argumentando que se estaban incorporando en la Constitución materias que deberían ser reguladas por ley.
División de opiniones sobre las responsabilidades
A pesar de la evaluación negativa de la gestión gubernamental, un 35% atribuye la actual situación de seguridad principalmente a problemas heredados de la administración anterior. Un 32% cree que responde a una combinación de factores, mientras que un 27% responsabiliza directamente al Gobierno actual.
Las opiniones varían según la afiliación política: el 62% de quienes se identifican con la derecha apunta a la herencia recibida, mientras que el 50% de la izquierda atribuye la situación a las decisiones y acciones de la administración en curso.
La encuesta Agenda Criteria fue realizada el 13 de agosto a través de un panel en línea, encuestando a 802 personas mayores de 18 años residentes en todo el país. Se trata de un estudio cuantitativo no probabilístico, cuyos resultados fueron ponderados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico.
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