El Gobierno del Presidente, José Antonio Kast, se encuentra evaluando una posible reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) con el objetivo de eliminar su facultad querellante, argumentando que dicha atribución representa una "anomalía". El proyecto de ley, presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, busca que el organismo estatal deje de presentar acciones judiciales y asuma un rol netamente consultivo.
Este anuncio se enmarca en las declaraciones del encargado de la cartera, Fernando Rabat, quien ha apuntado que el INDH posee un sesgo ideológico de izquierda. Según la postura del Ejecutivo, sustentada en análisis de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la capacidad de interponer querellas criminales es una anomalía comparada con otros países y no emana de los Principios de París, sino que fue incorporada mediante un veto de la expresidenta Bachelet.
Todo sobre Reforma al INDH
Durante la misma sesión de la comisión, el director del INDH, Yerko Ljubetic, defendió férreamente las actuales atribuciones de la institución. Ljubetic argumentó que la facultad querellante ha sido una de las formas más eficientes y concretas que tienen para defender los derechos humanos de las personas.
Asimismo, se planteó que, si bien los Principios de París no mencionan explícitamente la intervención judicial, sí exigen un mandato amplio de protección, por lo que quitar esta herramienta constituiría un claro retroceso para el cumplimiento de su labor.
El diputado por la región del Maule, Roberto Celedón, enfatizó que la defensa de los derechos humanos debe ser comprendida íntegramente como una política de Estado. El parlamentario agregó que, ante este escenario, el verdadero desafío que enfrenta actualmente la derecha chilena es lograr generar confianza en materia de derechos humanos mediante hechos concretos, alejándose de cuestionamientos históricos.
Hasta el momento, el proyecto de reforma al INDH se encuentra en etapa de revisión por parte de expertos. Se espera que la discusión sobre el futuro y las capacidades de intervención de la institución escale y se intensifique una vez que la iniciativa sea ingresada formalmente para su tramitación en el Congreso.