El Senado dio por concluida la votación en particular de la denominada megarreforma, iniciativa impulsada por el Ejecutivo para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. La sesión, que se extendió hasta pasadas las 02:40 horas de este jueves, culminó con el despacho del proyecto tras un debate que incluyó siete horas en general y la votación del articulado desde las 22:30 horas.
La iniciativa, que se tramitó con discusión inmediata, ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados en su tercer trámite. Si los diputados ratifican las modificaciones introducidas por el Senado, el proyecto quedará listo para su promulgación como ley. En caso contrario, se deberá conformar una Comisión Mixta para zanjar las diferencias.
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Rebaja tributaria y reintegración del sistema
Uno de los puntos clave de la jornada fue la aprobación, con 26 votos a favor y 24 en contra, de la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) para grandes empresas, que disminuirá del 27% al 23%. Parlamentarios de oposición manifestaron reparos, argumentando que la medida no garantiza un aumento en la inversión ni en el crecimiento económico.
El cronograma establecido contempla una tasa del 25,5% para 2027, un 24% para 2028 y un 23% de forma permanente a partir del año comercial 2029. Paralelamente, se respaldó el régimen tributario de las grandes empresas y la reintegración gradual del sistema, conforme a lo previamente acordado en la Comisión de Hacienda.
Exención de contribuciones y compensación municipal
La exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años generó un extenso debate, incluyendo la votación de admisibilidad de indicaciones. El artículo, junto a los requisitos asociados, fue aprobado con 28 votos a favor y 22 en contra. La senadora Yasna Provoste (DC) formuló una reserva de constitucionalidad al respecto.
Durante la sesión, el Ejecutivo propuso una compensación al Fondo Común Municipal y otra directa a los municipios. De estas, solo la primera fue aprobada.
Restitución de gastos e invariabilidad tributaria
Se aprobaron, con 26 votos a favor y 24 en contra, los artículos que contemplan la restitución de gastos a empresas cuyos proyectos hayan sido revocados mediante una Resolución de Calificación Ambiental. El senador Alfonso De Urresti (PS) presentó reserva de constitucionalidad sobre esta norma, calificada por sectores opositores como "única en el mundo, absolutamente irregular y con fallas jurídicas evidentes". Las senadoras Claudia Pascual (PC) y Diego Ibáñez (Frente Amplio) también hicieron reserva de constitucionalidad.
En cuanto a la invariabilidad tributaria, la Sala la aprobó con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, tras las reservas de constitucionalidad presentadas por los senadores Juan Luis Castro (PS) y Claudia Pascual. La norma fija condiciones impositivas de 10, 15 y 20 años para inversiones de 50 millones de dólares, entre 50 y 350 millones, y superiores a este último monto, respectivamente, estableciendo una tasa corporativa del 1,5% para quienes se acojan a este régimen.
Otras normas aprobadas y reservas del Ejecutivo
Entre las disposiciones aprobadas se incluyen aquellas relativas a la relocalización de concesiones acuícolas y su evaluación de impacto ambiental, la reducción de los plazos de invalidación de actos administrativos, y nuevas facultades para que la Dirección de Presupuestos (Dipres) acceda a datos del Ministerio de Desarrollo Social.
La Sala también respaldó una indicación del Frente Amplio que pone fin a la obligación exclusiva de las empresas con 20 o más trabajadoras de entregar derecho a sala cuna, y otra norma que prohíbe el cobro de interés sobre interés. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, formuló reserva de constitucionalidad sobre ambas disposiciones, argumentando que no se alinean con las ideas matrices del proyecto.
El secretario de Estado también objetó una indicación de la senadora Daniella Cicardini (PS), aprobada en la Comisión de Hacienda, relacionada con el "derecho al olvido" financiero. Esta norma establece la eliminación de registros de deudas impagas o extinguidas de personas naturales una vez que estas se hayan hecho exigibles o se hayan extinguido. Pese a los reparos del ministro, la indicación fue nuevamente respaldada en la Sala, lo que llevó a Quiroz a insistir en su reserva de constitucionalidad.
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