La Cámara de Diputados ha dado luz verde a un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República la revisión y eventual revocación de las pensiones de gracia concedidas durante el estallido social a personas que registran antecedentes penales. El documento fue formalmente entregado al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por el presidente de la corporación, Jorge Alessandri, y la diputada Constanza Hube, ambos de la UDI.
Esta medida surge como respuesta a los hallazgos de la Contraloría, que en un informe detalló deficiencias en el proceso de otorgamiento de estas pensiones, detectando que un número significativo de beneficiarios poseían condenas o antecedentes por diversos delitos.
El diputado Alessandri explicó que se reunieron con el ministro de Justicia para solicitar que, mediante un decreto, se anulen las pensiones de gracia vitalicias otorgadas a quienes “tienen antecedentes penales anteriores a esa pensión, simultáneos o posteriores”.
En esta línea, el parlamentario afirmó que el secretario de Estado “va a estudiar cada uno de los casos y hemos conversado sobre los falsos exonerados: miles de personas que reciben una pensión vitalicia que no merecían o que mintieron para recibirla”.
Alessandri concluyó enfáticamente: “Si tiene antecedentes penales, si decidió delinquir, todo Chile no tiene por qué pagarle una pensión”.
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