La ofensiva de cobro de la Tesorería General de la República (TGR) contra los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha reabierto el debate sobre el origen legal de estas facultades. Aunque el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha impulsado políticamente la medida, la TGR ya contaba con esta atribución: fue en la Ley de Cumplimiento Tributario, también conocida como "norma antievasión", ingresada en 2023 y promulgada en 2024, donde se actualizó la facultad del organismo para despachar mandamientos de ejecución y embargo de manera más ágil.
La Ley N° 21.713, que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, fue publicada en el Diario Oficial el 24 de octubre de 2024, durante el gobierno de Gabriel Boric. La normativa no crea impuestos nuevos, pero amplía considerablemente las facultades del Servicio de Impuestos Internos y moderniza los mecanismos de fiscalización, con el objetivo de mejorar la recaudación fiscal, reducir la elusión y la evasión, y modernizar la administración tributaria.
Al promulgarla, el entonces Presidente Boric sostuvo que "la ley de cumplimiento tributario es un acto de justicia con Chile", y afirmó que "con esta ley, el Estado tiene ahora mejores herramientas para combatir la elusión y evasión de las grandes riquezas".
El vínculo con el cobro del CAE
La conexión entre la norma tributaria y el crédito estudiantil radica en la naturaleza que adquiere la deuda una vez que el moroso deja de pagar. Cristóbal Pérez, académico de Derecho Tributario de la Universidad de los Andes, explicó que una vez que el Fisco paga la garantía a la institución financiera, "se subroga y pasa a ser el acreedor de los deudores del CAE". Según el abogado, la Ley Orgánica del Servicio de Tesorerías entrega a la TGR la función de efectuar cobranza coactiva —judicial, extrajudicial o administrativa— respecto de créditos fiscales o ejecutivos, por lo que la deuda puede ser tratada como un crédito fiscal ejecutivo y cobrarse mediante el mecanismo regulado en el Código Tributario.
En ese procedimiento, regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, la nómina de deudores en mora constituye título ejecutivo y el Tesorero Regional o Provincial actúa como "juez sustanciador", con facultad para ordenar la retención de dineros, créditos u otras prestaciones de los deudores.
Embargos masivos y defensa de la TGR
La Tesorería informó que 1.500 personas ya han sido sometidas a embargos, en el marco de una estrategia para recuperar más de cuatro billones de pesos ligados a deudas del CAE. Según el organismo, más de 550 mil personas no han cumplido con sus obligaciones de pago, lo que ha obligado al Fisco a cubrir dichos créditos ante los bancos. La institución además destacó que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles más de 450 recursos de protección relacionados con el cobro de estas acreencias.
No obstante, persiste un debate jurídico. Algunos abogados cuestionan si la Tesorería puede actuar como juez y parte usando leyes tributarias para perseguir deudas estudiantiles, y la discusión se centra en si el CAE es un crédito civil o un tributo. Hay especialistas que sostienen que la ley 20.027, que regula el CAE, obliga a aplicar las reglas del juicio ejecutivo del Código de Procedimiento Civil, mientras otros defienden la vía administrativa amparados en el Decreto Ley de Administración Financiera del Estado de 1975, interpretación respaldada por un dictamen de la Contraloría General de la República a comienzos de este año.
La crítica de Boric y la respuesta del Ejecutivo
Paradójicamente, el expresidente que promulgó la norma cuestionó su aplicación actual. A casi 100 días de haber dejado el poder, Gabriel Boric lanzó una arremetida inusual contra La Moneda, iniciando el primer cruce de alta tensión entre ambos mandatos tras el 11 de marzo. El exmandatario reapareció en el debate público luego de que se conocieran diversos casos de personas que denunciaron la retención de fondos en sus cuentas bancarias por parte de la Tesorería General de la República.
"¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?", señaló en X.
El expresidente articuló su crítica en torno a dos ejes. Por una parte, acusó una "contradicción" entre la dureza aplicada a quienes mantienen deudas por estudios superiores y la decisión del Senado de rechazar la norma que permitía a la Unidad de Análisis Financiero levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa en casos vinculados a operaciones sospechosas. Por otra, responsabilizó a la oposición por haberse negado a avanzar en la tramitación del proyecto impulsado durante su administración para reemplazar el CAE por el Financiamiento Público para la Educación Superior (FES). "Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior", sostuvo, y agregó: "Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio".
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