La Contraloría General de la República ha cerrado la investigación sobre la participación de la Primera Dama, Pía Adriasola, en una actividad en el casino del Palacio de La Moneda, determinando que no existieron irregularidades sanitarias. La situación había generado cuestionamientos por parte de la oposición semanas atrás.
La indagatoria se inició a raíz de un oficio presentado por el diputado socialista Daniel Manouchehri, quien solicitó una revisión tras la viralización de un video a fines de marzo. En las imágenes, se veía a Adriasola colaborando en la entrega de almuerzos a funcionarios sin el uso de mascarilla, guantes ni cubrecabezas.
En su momento, el parlamentario había expresado su preocupación y anunciado acciones, declarando: “Oficiaremos a Contraloría y al seremi de Salud para que investiguen y determinen responsabilidades. El Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo”.
Tras recopilar información de diversas entidades, incluyendo la Dirección Administrativa de Presidencia, la Subsecretaría de Salud Pública, la Seremi Metropolitana y el Instituto de Salud Pública, el organismo fiscalizador concluyó que no se produjeron vulneraciones a la normativa sanitaria ni reproches de legalidad.
Según los antecedentes recabados, la Primera Dama se acercó de manera espontánea al casino durante un recorrido por las dependencias de La Moneda, coincidiendo con el horario de almuerzo. Presidencia detalló que su colaboración se limitó a la entrega final de alimentos a los funcionarios presentes, una intervención que “no implicó una intervención en el proceso de elaboración o preparación de los alimentos”.
El informe enfatiza que la participación de Adriasola fue “una asistencia limitada, espontánea y de escasos minutos”, sin contacto con etapas críticas de manipulación que pudieran afectar las condiciones higiénicas o sanitarias de los alimentos.
La autoridad sanitaria, en línea con esta interpretación, determinó que los antecedentes no permitían configurar una infracción sanitaria. El informe citado por Contraloría subraya la importancia de analizar la situación bajo criterios de “razonabilidad y proporcionalidad”, indicando que no toda actuación circunstancial dentro de un recinto alimentario constituye una vulneración sanitaria.
La Seremi de Salud, por su parte, agregó que no se acreditó “una vulneración concreta a la normativa sanitaria, un riesgo efectivo o una transgresión verificable de los procedimientos de control”. En contraste, señaló que los hechos daban cuenta de una actuación “breve, espontánea, aislada y sin incidencia en la inocuidad de los alimentos ni en la continuidad del servicio”.
En virtud de estos hallazgos, Contraloría determinó que no existían elementos para formular observaciones jurídicas. El organismo concluyó que “Del análisis de todos los antecedentes, no se advierte algún reproche de juridicidad en torno a lo obrado por las entidades públicas requeridas”.
La Contraloría también aprovechó la ocasión para recordar que, si bien las denuncias parlamentarias son atendidas con prioridad, el organismo debe distribuir sus recursos basándose en criterios de relevancia jurídica, económica y social, reconociendo la necesidad de planificación y priorización debido a las limitaciones de recursos.
Todo sobre Política
Recibe todas las noticias a través de nuestro canal de WhatsApp
Suscríbete a nuestro canal de Youtube
