No hay prisión preventiva: Justicia ratifica arresto domiciliario total para Cathy Barriga

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la decisión de mantener a Cathy Barriga bajo arresto domiciliario total y prohibida de abandonar el país, rechazando la apelación presentada tras ser acusada de falsificar documentos oficiales y defraudar al fisco, por un total aproximado de $31 mil millones.

El tribunal desestimó las solicitudes del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quienes argumentaron que Barriga "es un peligro para la seguridad de la sociedad". Esta decisión sigue a las acusaciones de malversar aproximadamente 31 mil millones de pesos, y según la Fiscalía, el monto supera significativamente los casos previos de fraude en Chile.

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La defensa de Barriga también apeló las medidas impuestas, solicitando cambiar el arresto domiciliario total por uno nocturno. Los abogados Cristóbal Bonacic, Marcelo Hadwa y José Miguel Barahona argumentaron "contradicciones" por parte del juez Hugo Salgado al imponer estas restricciones el 18 de enero.

La Fiscalía pidió la prisión preventiva, sosteniendo que Barriga podría interferir en la investigación y citando a testigos que se sintieron amenazados por ella. Adicionalmente, la fiscal Constanza Encina comparó el caso con el del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, actualmente en prisión preventiva por malversar 2.100 millones de pesos.

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La defensa de Barriga alegó la falta de evidencia que demuestre el desfalco de fondos municipales para su beneficio personal y negó las acusaciones de déficit en la municipalidad de Maipú, presentadas por el actual alcalde Tomás Vodanovic. También argumentaron que la "dependencia de su hijo menor, es un elemento más para justificar que no existe ese peligro de fuga".

Las apelaciones para la prisión preventiva se presentaron en medio de críticas sobre las condiciones de su arresto domiciliario, donde se le observó practicando deporte y en su hogar, lo que fue interpretado como un tratamiento privilegiado.

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El fiscal nacional, Ángel Valencia, comentó que "en delitos de ‌cuello blanco o corrupción ‌se transforman en penas sustitutivas de facto, ‌sin autorizaciones judiciales previas y sin evaluación de mérito, con informes sociales o informes técnicos ‌que den cuenta de la conveniencia de esa medida para la reinserción social, exceptuando de hecho, a estas personas del régimen general del cumplimiento de penas".

"Es un asunto relativamente técnico, pero en la práctica se ha transformado en una suerte privilegio en la forma cómo se está aplicando", recalcó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, consideró modificar las normas sobre el arresto domiciliario debido a las acciones inapropiadas de la exalcaldesa.