La Contraloría General de la República solicitó un informe al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, luego de recibir denuncias ciudadanas y parlamentarias en contra de la titular de la cartera, Karla Rubilar, a quien se apunta por un presunto uso de recursos públicos en favor de la campaña a diputado de su pareja, Christian Pino.
Según un reportaje de Teletrece, por medio de una carta un grupo de funcionarios de la repartición de Gobierno acusaron una “actitud irregular del equipo de la ministra, puesto que se comienza a articular al equipo de gabinete y comunicaciones para trabajar en la campaña parlamentaria dentro del horario laboral”.
La nota periodística exhibió que Pino, candidato independiente a diputado por el Distrito 8 con cupo de Renovación Nacional, fue integrado al chat de WhatsApp oficial de la Dirección de Prensa y Gabinete del ministerio. En dicho grupo, se discuten y toman decisiones en torno a la agenda tanto de Rubilar, como del ministerio.
A lo anterior, la misiva añade que la ministra “hace parte de chats de campaña a miembros de gabinete y comunicaciones. Estos son ‘Campaña Pino’, ‘Marketing Pino’ y ‘Prensa Pino’", con el fin de organizar reuniones, asesorar y solicitar desarrollar actividades de la campaña, todo esto en horario de trabajo.
Un ejemplo de lo anterior se expuso en un mensaje enviado por la secretaria de Estado, a las 14.59 horas del lunes 23 de agosto, en el que escribió el siguiente texto:
“Muchachos, hoy Christian parte su campaña. Por razones más que obvias nos pegarán mucho. A él por mí y a mí para que baje mi aprobación y no lo pueda ayudar. Deben ser extremadamente cuidadosos con todo, las actividades, publicaciones, redes. Atentos a restringir o borrar comentarios ‘mala leche’ (sic.), etc. Estos tres meses serán difíciles, pero creo que valen la pena. Así que por favor, los quiero por favor todos atentos”.
Un día después, a las 12:38 horas, Rubilar, pidió a los funcionarios del grupo su opinión respecto a una entrevista en televisión que se haría a su marido, entregando asesoría a este en ese mismo espacio. Posteriormente, Pino, recibió consejos de un asesor externo incluido en el chat oficial, quien fue contratado hace menos de una semana como nuevo jefe de comunicaciones de Desarrollo Social.
Uno de los trabajadores también denunció que el candidato viajaba junto al equipo en los recorridos por regiones de la ministra, sin tener ninguna función asociada ni contrato de por medio. “Se están usando a funcionarios públicos en horas de trabajo (…) Se hacen videos, gráficas, minutas”, agregó.
Respecto a estas situaciones, la Contraloría estableció en un dictamen reciente que “el funcionario público, en el desempeño de su cargo, no puede realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente, ni tampoco valerse de ese empleo para favorecer o perjudicar a determinada candidatura, tendencia o partido político”.
“(…) el uso de los medios electrónicos, tanto las plataformas informáticas, los servidores institucionales y las casillas asignadas a los funcionarios sólo pueden utilizarse para los fines propios del servicio o municipalidad, sin que resulte admisible su empleo con fines proselitistas”, estipula la normativa.
Asimismo, el organismo fijó que “las autoridades y jefaturas de los órganos y servicios de la administración no pueden por ningún medio dar órdenes, instrucciones o sugerencias que impliquen o induzcan a los funcionarios de su dependencia a transgredir los principios y normas acerca de la prescindencia políticas de los servidores de la administración del Estado”.
Todo ello se suma a lo tipificado en la ley 18.575, en cuyo artículo 62 se apunta que “contraviene especialmente la probidad administrativa ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales”.
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