Contraloría

El informe reveló incumplimientos en los plazos de inspección e inconsistencias en los sistemas del MOP. En el ámbito local, se detectaron viaductos con deterioros evidentes y se analizaron proyectos estructurales clave para la zona costera de la provincia de Curicó.

La senadora Paulina Vodanovic y la alcaldesa, Carolina Muñoz, se reunieron con la contralora Dorothy Pérez para agilizar el pronunciamiento técnico sobre el predio, el cual ya cuenta con financiamiento de la Subdere. La iniciativa busca concretar una solución habitacional definitiva para cientos de familias tras 15 años de espera en la comuna.

Mientras el exministro, Carlos Montes, aseguraba el cumplimiento de las metas habitacionales en marzo pasado, una auditoría de la Contraloría revela que el programa estrella del Ejecutivo operó sin reglamentos clave.

En su primera edición, este reporte apuntaría a millonarias licitaciones irregulares y posibles conflictos de interés con empresas de reciente creación.

El parlamentario se refirió al reciente informe de Contraloría que reveló que Talca, Teno y Vichuquén priorizaron los recursos para festividades por sobre la asistencia social. Además, advirtió sobre un posible fin electoral en estas actividades, especialmente durante el año 2024.

El ente fiscalizador cuestionó la falta de respaldos en millonarios contratos a honorarios suscritos por Pablo Amaro Valenzuela en 2024. A raíz de estos hallazgos, se instruyó un sumario interno y una revisión exhaustiva que podría derivar en la restitución de los fondos por servicios no ejecutados.

Un reciente informe reveló que durante el periodo 2024-2025, estos tres municipios del Maule priorizaron los recursos para festividades por sobre las ayudas sociales a sus vecinos. En el caso de Talca, la diferencia superó los 90 millones de pesos en un solo año.

Un total de $116 millones apostaron servidores públicos de 23 comunas de la Región del Maule, contraviniendo la ley que les impide el ingreso a salas de juego.

El organismo fiscalizador reveló que las millonarias transacciones, realizadas entre 2024 y 2025, vulneran la prohibición legal que rige sobre los empleados estatales. Los antecedentes serán derivados al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a las instituciones correspondientes para iniciar sumarios y posibles acciones penales.

Informe revela que, entre 2020 y agosto de 2025, un total de 72 instituciones del Estado se vieron involucradas en 164 contrataciones con esta prohibición. En el listado, aparecen los municipios de Vichuquén, San Javier y Constitución, además del SLEP Maule Costa.