Contraloría: Cientos de funcionarios suspendidos por sumarios siguieron cobrando sueldo

La Contraloría General de la República ha puesto al descubierto una situación irregular que involucra a 485 funcionarios públicos de la Administración Central. Estos trabajadores se encontraban en calidad de suspensión preventiva debido a sumarios administrativos, pero continuaron percibiendo sus remuneraciones durante dicho período. La investigación detalla que 13 de estos casos superan los cuatro años de suspensión, mientras que otros 17 acumulan entre tres y cuatro años en la misma condición, sumando un total de 30 casos con suspensiones que exceden los tres años.

Las suspensiones en cuestión se extendieron entre los años 2020 y marzo de 2026, según se desprende del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25. El caso más prolongado identificado corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a las Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión preventiva se extendió por cerca de cuatro años y siete meses.

Adicionalmente, el informe de la Contraloría señala que 22 funcionarios suspendidos preventivamente mantenían otras actividades remuneradas durante el período de su suspensión, según información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Según los datos recopilados, el Estado ha desembolsado $671 millones en remuneraciones asociadas únicamente a los diez casos con los períodos de suspensión más prolongados identificados en la revisión”, detalla el documento.

La normativa, específicamente el Estatuto Administrativo, contempla la suspensión preventiva de funcionarios como medida mientras se lleva a cabo una investigación disciplinaria. No obstante, el organismo fiscalizador subraya que “El Estatuto Administrativo permite la suspensión preventiva de funcionarios mientras se desarrolla una investigación disciplinaria. Sin embargo, cuando los plazos de un sumario se extienden, la autoridad que lo instruyó debe revisar su estado, adoptar medidas para acelerar su tramitación y evaluar eventuales responsabilidades por las demoras”.

Ante esta situación, la Contraloría ha dispuesto que los 30 sumarios con suspensiones superiores a tres años serán tramitados directamente por el organismo fiscalizador, en lugar de los servicios de origen. El objetivo es determinar si existen responsabilidades por parte de las autoridades que instruyeron las investigaciones y no supervisaron adecuadamente su progreso.

Asimismo, los organismos que mantengan funcionarios suspendidos por más de un año tendrán un plazo de 15 días hábiles para informar sobre el término de los sumarios, justificar la continuidad de la medida o detallar las acciones para agilizar su cierre. También deberán iniciar procedimientos disciplinarios para establecer responsabilidades por las demoras detectadas.

Estas medidas fueron reforzadas mediante un instructivo emitido por la Contraloría el pasado 16 de septiembre, recordando que la normativa establece un plazo máximo de 60 días hábiles para la investigación de un sumario.