En su primera edición, este reporte apuntaría a millonarias licitaciones irregulares y posibles conflictos de interés con empresas de reciente creación.

El parlamentario se refirió al reciente informe de Contraloría que reveló que Talca, Teno y Vichuquén priorizaron los recursos para festividades por sobre la asistencia social. Además, advirtió sobre un posible fin electoral en estas actividades, especialmente durante el año 2024.

El ente fiscalizador cuestionó la falta de respaldos en millonarios contratos a honorarios suscritos por Pablo Amaro Valenzuela en 2024. A raíz de estos hallazgos, se instruyó un sumario interno y una revisión exhaustiva que podría derivar en la restitución de los fondos por servicios no ejecutados.

Un reciente informe reveló que durante el periodo 2024-2025, estos tres municipios del Maule priorizaron los recursos para festividades por sobre las ayudas sociales a sus vecinos. En el caso de Talca, la diferencia superó los 90 millones de pesos en un solo año.

Un total de $116 millones apostaron servidores públicos de 23 comunas de la Región del Maule, contraviniendo la ley que les impide el ingreso a salas de juego.

El organismo fiscalizador reveló que las millonarias transacciones, realizadas entre 2024 y 2025, vulneran la prohibición legal que rige sobre los empleados estatales. Los antecedentes serán derivados al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a las instituciones correspondientes para iniciar sumarios y posibles acciones penales.

Informe revela que, entre 2020 y agosto de 2025, un total de 72 instituciones del Estado se vieron involucradas en 164 contrataciones con esta prohibición. En el listado, aparecen los municipios de Vichuquén, San Javier y Constitución, además del SLEP Maule Costa.

Informes reservados revelan diferencias en el pesaje de decomisos, incumplimiento de plazos por parte de policías, fallas de seguridad en bodegas y riesgo para la salud de los funcionarios. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.

Un total de 19 altos funcionarios, incluyendo la Contralora General y el Subcontralor, se sometieron voluntariamente a pruebas de cabello y orina para reafirmar el compromiso de la institución con la ética y la transparencia.

La medida, firmada por Dorothy Pérez, exige a ministerios, municipalidades, universidades y empresas públicas detallar las acciones correctivas y preventivas.