La publicación del Informe Final N° 421 de la Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) durante la administración del exPresidente, Gabriel Boric. El documento revela profundas debilidades en la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) entre 2022 y 2024, exponiendo una brecha alarmante entre los anuncios oficiales de cumplimiento y la realidad técnica en regiones como el Maule.
A pesar de que el pasado 2 de marzo el entonces ministro de Vivienda, Carlos Montes, anunció con optimismo que el Gobierno había cumplido la meta de entregar 260 mil viviendas, los datos de la auditoría muestran una ejecución territorial profundamente desigual.
En la Región del Maule, la gestión de compra de terrenos —base fundamental para proyectar nuevas soluciones habitacionales— apenas alcanzó un 16% de la superficie necesaria. Este déficit sitúa a la región como una de las más postergadas del país, superada solo por Antofagasta (15%).
La situación resulta paradójica para la Contraloría, ya que mientras el Maule carece de suelo para sus metas, el Fisco adquirió 252 hectáreas en zonas como Valparaíso, Los Lagos y Magallanes, donde el plan original ni siquiera estipulaba que fuera necesario comprar terrenos.
Uno de los puntos más polémicos del informe apunta a la "discrecionalidad" con la que se utilizaron los recursos públicos. El ente fiscalizador detectó que en 6 de los 25 casos analizados a nivel nacional, se pagó más del doble del costo referencial de 6 UF/m², alcanzando valores de hasta 19,14 UF/m².
Incluso, se cuestionó la falta de estudios técnicos esenciales. En varios procesos de compra no existían informes geotécnicos que avalaran la idoneidad del terreno para construir viviendas, lo que según Contraloría aumenta el riesgo de haber adquirido predios que finalmente no puedan ser utilizados para los fines del PEH.
La auditoría también responsabiliza a la Subsecretaría de Vivienda por no haber dictado a tiempo la normativa que rige estas operaciones. Bajo la Ley N° 21.450, promulgada en mayo de 2022, el Minvu tenía un plazo de 180 días para establecer un reglamento con criterios de localización y rangos de precios para la compra de suelos.
Sin embargo, a cuatro años del inicio de la gestión de Boric, dicho reglamento no ha sido aprobado definitivamente (tras varios retiros de toma de razón en Contraloría), lo que permitió que las adquisiciones se realizaran mediante tratos directos sin justificación suficiente y bajo un sistema de registro informal en planillas Excel, comprometiendo la trazabilidad y la transparencia.
Frente a eso, la Contraloría General de la República ordenó a la subsecretaría de Vivienda realizar un sumario administrativo para buscar eventuales responsabilidades.
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