Sobrevivientes de torturas en dictadura demandan al Estado por liberación de su agresor

Casi medio siglo después de haber sido torturados, Patricio Rivera y Ramón Pavez se enteraron en octubre de este año que Manuel Cabezas Pérez, exsuboficial de la Fuerza Aérea condenado por los hechos, había sido liberado anticipadamente. La noticia llegó a través de la prensa, luego de que el Ministerio de Justicia concediera una rebaja de condena mediante un decreto firmado por Fernando Rabat.

La liberación de Cabezas Pérez, quien fue condenado por la justicia por las torturas infligidas a Rivera y Pavez, generó un profundo malestar. El exuniformado incluso apareció públicamente celebrando el beneficio, agradeciendo que su salida se concretara durante el Gobierno de José Antonio Kast y negando su participación como torturador, a pesar de las sentencias judiciales que acreditaban su responsabilidad penal.

Ante esta situación, ambos sobrevivientes han decidido emprender una acción legal. A través de una demanda civil, buscan que el Estado responda por el daño moral que, según afirman, les ha provocado la liberación de su agresor.

La demanda se apoya en un antecedente particular: el propio presidente Kast reconoció que “el Estado les falló” a las víctimas por las rebajas de condena. Sin embargo, estas declaraciones se dirigieron a quienes sufrieron delitos sexuales, sin incluir a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Esta distinción es utilizada por los abogados de Rivera y Pavez como parte de sus argumentos contra el Fisco.

El objetivo de esta nueva acción judicial no es reparar nuevamente las torturas sufridas en 1973, sino abordar un daño distinto: el que, según sostienen, fue causado por el propio Estado al reducir la pena de su victimario en democracia, sin considerar adecuadamente los derechos de las víctimas ni informarles sobre la decisión.

Los hechos de 1973: torturas en la Base Aérea El Bosque

Para comprender la demanda, es necesario retroceder a septiembre de 1973. Patricio Mario Rivera Cornejo, detenido en su domicilio por Carabineros el 19 de septiembre, fue trasladado a la Base Aérea El Bosque. Allí, fue sometido a simulacros de fusilamiento y descargas eléctricas en los genitales y la lengua. Sus captores también marcaron en su espalda el símbolo de la Unidad Popular con un yatagán, según los hechos posteriormente establecidos por la justicia. Tras diez días, fue llevado al Estadio Nacional, condenado por un Consejo de Guerra y expulsado de Chile.

Un mes después, el 18 de octubre de 1973, Ramón Daniel Pavez Casanova también fue detenido. Tras ser golpeado e interrogado en dependencias del Ministerio de Defensa, fue llevado a la misma Base Aérea El Bosque. Allí, fue desnudado y sometido a descargas eléctricas que lo dejaron inconsciente. Su recorrido continuó por otros recintos, incluyendo el Estadio Nacional y la Penitenciaría, recuperando su libertad en septiembre de 1974 y residiendo en Francia desde entonces. Ambos sobrevivieron a las torturas, y la justicia acreditó la participación de Cabezas.

La condena de 2021, casi medio siglo después

Manuel del Carmen Cabezas Pérez, quien integraba el Departamento II de Inteligencia de la Base Aérea El Bosque, fue condenado en diciembre de 2017 por el ministro en visita Mario Carroza, junto a otros agentes, por los tormentos cometidos contra Rivera y Pavez. En 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago calificó los hechos como torturas con resultado de lesiones graves, elevando la condena de Cabezas Pérez a cinco años y un día de presidio. Finalmente, el 10 de noviembre de 2021, la Corte Suprema dejó firme la sentencia. En el mismo proceso, el Fisco fue condenado a pagar una indemnización de $40 millones a cada víctima por daño moral.

La rebaja de condena de 2026 firmada por Rabat

Manuel del Carmen Cabezas Pérez debía cumplir su condena hasta el 28 de noviembre de 2026. Sin embargo, el Ministerio de Justicia le otorgó una rebaja de ocho meses, en virtud de la Ley 19.856, por comportamiento sobresaliente. El decreto, firmado por el ministro Fernando Rabat bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, adelantó el término de la condena al 28 de marzo de 2026, permitiendo su liberación anticipada.

Cabezas Pérez se refirió públicamente al beneficio, afirmando: “Me lo gané yo por mi conducta sobresaliente”. También vinculó su salida al cambio de administración, destacando que se concretó durante el Gobierno de Kast, y negó ser torturador, declarando: “Todo es falso, no soy torturador”.

“Fue como que me abrieran una herida de nuevo”: el relato de Patricio Rivera

Patricio Rivera, hoy de 76 años, dedica parte de su tiempo a escribir sobre sus experiencias personales, incluyendo su detención y las torturas sufridas. Al enterarse de la liberación de Cabezas Pérez, sintió una profunda impotencia y la sensación de que la impunidad se reabría. “Yo todavía lo recuerdo. Cuando lo vi ahora, su mirada, los ojos. Me acordé de todo”, relata. Considera que el Estado les falló nuevamente, y que esta situación es como “rematar la cosa”. Rivera afirma que mientras esté vivo denunciará, ya que no se puede permitir que por la elección de un gobernante se pasen por encima los derechos humanos.

El nuevo daño que las víctimas atribuyen al Estado

La demanda civil, presentada ante el 3º Juzgado Civil de Santiago, se centra en el daño moral nuevo causado por la liberación anticipada de Cabezas Pérez. Los abogados de Rivera y Pavez explican que la acción no busca reparar las torturas de 1973, sino un perjuicio posterior atribuido a una decisión estatal adoptada en 2026. Sostienen que el Ministerio de Justicia redujo la pena sin considerar debidamente los derechos de las víctimas, sin escucharlas ni informarles. La acción también cuestiona que el Ejecutivo permitiera adelantar el término de una condena por crímenes de lesa humanidad sin ponderar sus obligaciones internacionales. “Liberar anticipadamente a los agresores mediante decretos no transparentados no solo debilita el Estado de derecho, sino que inflige un nuevo y grave daño moral a los sobrevivientes, revictimizándolos tras casi cincuenta años de litigio”, comenta Karinna Fernández, abogada de las víctimas.

“El Estado les falló”: los dichos de Kast que forman parte de la demanda

Los abogados han incorporado a la acción judicial las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien reconoció un error grave al conceder rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Kast afirmó: “El Estado les falló”. Sin embargo, los abogados de Rivera y Pavez cuestionan que este reconocimiento no se extendiera a quienes sufrieron crímenes de lesa humanidad. “Nunca se pidió perdón a las víctimas, nunca se mencionó a las víctimas de crímenes de lesa humanidad”, sostienen. Para los demandantes, ese silencio también forma parte del perjuicio. La abogada Magdalena Garcés recordó que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó una pena efectiva de cinco años y un día de cárcel, considerando las graves lesiones y la reiteración de las torturas. “Se debió considerar al momento de rebajar la pena las obligaciones del Estado de Chile respecto de la Convención Internacional contra la Tortura”, sostuvo. Garcés cuestionó que el Ministerio de Justicia no evaluara estas obligaciones internacionales antes de conceder el beneficio. “El Ministro no hizo un ejercicio de control de convencionalidad”, afirmó, explicando que debió revisarse si la decisión administrativa contradecía los tratados internacionales y considerar el daño a las víctimas.

Nuevo frente para el Estado

Por estos hechos, los abogados solicitan que el Fisco sea condenado a pagar $100 millones a Patricio Rivera y otros $100 millones a Ramón Pavez, por concepto de daño moral.