Un 51% de los encuestados por Cadem considera que el gobierno debería retirar su proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad. La mayoría opina que la iniciativa debe ser ajustada y buscarse acuerdos antes de ser presentada nuevamente al Congreso.
Por otro lado, un 33% de los consultados estima que el Ejecutivo debería mantener la propuesta en discusión, pero introduciendo modificaciones durante su tramitación parlamentaria. Un 10%, en tanto, prefiere que el proyecto avance tal como fue presentado originalmente.
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La reforma, ingresada al Senado el pasado lunes, propone que la declaración de un nuevo estado de excepción de Seguridad Pública sea una atribución presidencial, con posibilidad de extenderse hasta por 240 días sin necesidad de consulta al Congreso.
La medición también abordó directamente la creación de este estado de excepción, enfocado en sectores específicos y que permitiría restringir temporalmente libertades como el tránsito y la reunión, además de contemplar facultades para la interceptación de telecomunicaciones.
Ante esta propuesta, un 49% manifestó estar en desacuerdo, mientras que un 44% declaró estar a favor. Se observa una marcada polarización: el 86% de quienes rechazan la medida se identifica con la izquierda, mientras que el 79% de quienes la respaldan se identifica con la derecha.
Entre los que apoyan el nuevo estado de excepción, un 61% prefiere que, si bien sea solicitado por el Presidente, requiera posteriormente la autorización del Congreso. Un 31% se inclina por que la decisión sea exclusivamente presidencial.
Respecto a la duración de la medida, el 55% de quienes respaldan el nuevo estado de excepción considera que debería renovarse cada 30 días, mientras que un 29% opta por renovaciones cada 120 días.
En otro ámbito, la encuesta Plaza Pública registró un 40% de aprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast, frente a un 57% de desaprobación.
La evaluación de la administración se complementa con la medición de las principales autoridades del gabinete. La ministra de Salud, May Chomali, lidera las preferencias con un 57% de aprobación. Le sigue el titular de Defensa, Fernando Barros, con un 55%, y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, con un 53%.
En el otro extremo, los ministros peor evaluados son el jefe del Erario fiscal, Jorge Quiroz, con un 39% de evaluación positiva; el titular de Agricultura, Jaime Campos, con un 36%; y las ministras de Energía, Ximena Rincón, y de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, ambas con un 33%.
El ministro de Hacienda fue identificado como el ministro más influyente por un 62% de los encuestados.
La encuesta también consultó por la dirección del país, con un 55% de los encuestados considerando que Chile va por un mal camino, frente a un 39% que estima que avanza por un buen camino.
En cuanto a las expectativas futuras, un 56% se declara pesimista, mientras que un 41% manifiesta una perspectiva optimista.
La percepción sobre la situación económica se mantiene mayoritariamente negativa. Un 76% considera que la economía chilena se encuentra estancada o en retroceso, frente a un 23% que estima que está progresando.
Se destaca que, desde el inicio del gobierno en marzo, las percepciones negativas sobre la situación económica personal y familiar han superado a las positivas durante 21 semanas consecutivas. Actualmente, un 54% evalúa negativamente su situación económica personal y familiar, mientras que un 41% la evalúa positivamente.
Según Cadem, esta racha de percepciones negativas supera en duración al período registrado durante la pandemia de 2020, considerado el más complejo para los hogares chilenos.
La situación del mercado laboral también recibe una evaluación desfavorable. Un 85% califica como mala o muy mala la situación actual del empleo en Chile, y solo un 13% la considera buena.
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