El senador e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Cristián Vial, manifestó su opinión ante la alarmante situación de cientos de niños y adolescentes de origen haitiano cuyo paradero actual se desconoce tras ingresar al país.
El parlamentario advirtió que el caso no solo representa una tragedia humana, sino también un quiebre crítico en la confianza de los organismos fiscalizadores del Estado.
En el marco de la reciente Sesión Especial del Senado convocada para abordar esta emergencia, el legislador enfatizó el impacto que provoca constatar fallas sistémicas en el control de fronteras y el resguardo de la infancia. "Eso es lo más sensible que estamos viviendo y que está remeciendo este Senado en el día de hoy. Nuestra institucionalidad se tambalea con esto. Recordemos cuando veíamos estos aviones, todos mirábamos por la prensa y confiábamos en las personas que estaban a cargo de esto. Bueno, estarán haciendo lo que corresponde. Parece que no", sentenció.
El parlamentario apuntó directamente a las responsabilidades estatales y al rol ético que le compete a la administración de las fronteras y la trazabilidad de los menores de edad: "Y ahí está la sensibilidad, porque estamos hablando que habría fallado, y lo pongo en condicional porque todavía no lo sabemos, pero habría fallado el Estado en un deber; en un deber moral, en un deber intrínseco de su función. Eso es lo más serio, además de los niños, por supuesto, nuestra institucionalidad", añadió.
La intervención del senador Vial se refiere a la reciente revelación de un informe de la Contraloría General de la República y las indagatorias lideradas por el Ministerio Público (a través de la Fiscalía de Alta Complejidad) relativas a un eventual delito de trata de personas y tráfico de migrantes.
En específico, se investiga el paradero de niños haitianos que ingresaron mediante procesos de reunificación familiar. A raíz de esta información, las comisiones del Congreso han hecho eco de las preocupantes lagunas de información entre el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la Subsecretaría de la Niñez, la PDI y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Ante la gravedad de los hechos, el pleno de la Cámara Alta aprobó por unanimidad exigir al Gobierno la implementación inmediata de un Plan de Búsqueda y Localización de los menores, junto con la entrega de un informe detallado en un plazo máximo de 60 días.
El senador Cristián Vial concluyó haciendo un llamado urgente a deponer las diferencias políticas para enfrentar con el máximo rigor investigativo un escenario que calificó como una de las más graves vulneraciones a los derechos de la infancia registradas en el último tiempo. "El Estado debe garantizar que sus fronteras no sean un punto ciego donde se pierda el rastro de la niñez" finalizó.
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