Senador Castro en la mira por supuestos contratos con el Estado publicados en The Clinic

La decisión del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende (PS) tras firmar un contrato con el Estado por la venta de la casa del Presidente Salvador Allende en $933 millones, marcó un precedente que tiene al mundo político analizando otros casos de parlamentarios que podrían verse afectados.

En un reportaje publicado por The Clinic, se da cuenta de varias instancias donde parlamentarios mantienen o mantuvieron contratos con organismos fiscales, que significaron pagos directos a dichas autoridades parlamentarios o a sociedades en las que participan.

Uno de ellos sería el senador Juan Castro Prieto (PSC) quien, según el reportaje de The Clinic, ha participado en una red de sociedades familiares que incluyen a la Constructora Indemma, la que registra más de $3 mil millones en traspasos desde organismos público.

Ya en 2018, un reportaje de Ciper detectó que una de las empresas que Castro había omitido en su declaración de patrimonio e intereses, es precisamente Constructora Indemma, se había adjudicado licitaciones por más de $5.640 millones en distintas municipalidades del Maule.

La mayoría de esos contratos se habían firmado cuando Castro era alcalde de Talca, cargo que ostentó antes de llegar a la cámara alta. Sin embargo, el negocio no se detuvo cuando asumió como parlamentario.

En este sentido, se identificó al menos 42 órdenes de compra pagadas a Constructora Indemma por distintas reparticiones públicas desde marzo de 2018, cuando Castro asumió en el Senado.

En total, los traspasos superan los $3.280 millones hasta 2022.

Consultado al respecto, Castro aseguró no tener ninguna participación en la sociedad, señalando que no figura directamente en la gestión de la constructora y que su rol se limita a una participación indirecta a través de familiares, lo que, según él, no infringe la normativa constitucional.  “Yo soy empresario por naturaleza, pero no he firmado contratos con el Estado”, dijo.

A pesar de lo anterior, y según registros del Diario Oficial que datan de 2018, muestran Castro participaba en  Constructora Indemma, a través de otra sociedad que sí incluyó en su declaración de patrimonio: Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva, empresa que posee junto a su esposa, Juana Parra Miranda.

A través de esa sociedad, que es controlada por el senador, Castro poseía el 50% de Transportes y Movimientos de Tierras Santa Malva, principal accionista de la Constructora Indemma, que es la que acumula contratos con el Estado.

Según la información proporcionada por la contadora del senador Juan Castro, en una escritura legalizada en enero de 2020, el senador ya no estaba entre los accionistas de Transportes y Movimientos de Tierras Santa Malva, y en su lugar figuraban tres de sus hijos, por lo que para esa fecha ya no habría tenido participación en la propiedad de Constructora Indemma.

De todas maneras, considerando solo los pagos emitidos a la constructora desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2019, mientras habría tenido participación en Indemma siendo senador, los montos percibidos por la constructora superan los $1.400 millones.

Tras la salida de la senadora Isabel Allende, este miércoles los diputados Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Nelson Venegas y Jaime Naranjo, de la bancada del Partido Socialista (PS), anunciaron  una contraofensiva constitucional contra varios parlamentarios que, según afirma The Clinic, han hecho contratos con el Estado.

Lo anterior, va a generar una presión ante el Tribunal Constitucional para abordar estos hechos, tras la destitución de la senadora Isabel Allende.