El exfiscal Vinko Fodich y su rol en un elaborado secuestro extorsivo en Santiago

La pesadilla de los hermanos Fu terminó, al menos físicamente, tras abandonar un edificio en el centro de Santiago. Habían sido retenidos en una sala subterránea acondicionada como un supuesto cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI), enfrentando amenazas de detención, traslado a Iquique e incluso extradición a Estados Unidos. Para recuperar su libertad, desembolsaron $30 millones en efectivo.

Mientras los hermanos se alejaban, al interior de la oficina se iniciaba el reparto del botín. El abogado y exfiscal Vinko Fodich recibió $3,5 millones. Esta imputación no proviene solo de la Fiscalía Supraterritorial o de otros implicados, sino del propio Fodich, quien, tras ser detenido, declaró ante los fiscales Alfredo Cerri y Pablo Sabaj. En su testimonio, admitió conocer el montaje, haber llevado a la hermana de una de las víctimas al falso cuartel, haberle hecho notar la presencia de un vehículo policial para simular un procedimiento real, avalado una orden de detención inexistente y acompañado a la mujer a retirar parte del dinero.

Todo sobre Crimen organizado

A pesar de su confesión, Fodich intentó delimitar su responsabilidad, afirmando que no ideó ni diseñó la operación, sino que cumplió un rol dentro de un engaño orquestado por otros. Sin embargo, esta versión contrasta con las declaraciones de Ángelo Stevens y José Ignacio Pinto, quienes lo sitúan en reuniones previas donde se discutían las sumas a exigir a las víctimas. Además, mensajes recuperados del teléfono de Stevens lo vinculan a grupos de WhatsApp creados post-secuestro para mantener la presión y obtener millones adicionales.

El expediente judicial, al que accedió Mega Investiga, no solo detalla la transformación de una sala de reuniones en una oficina policial, sino también el reparto del dinero, la creación de un documento que simulaba un informe de la PDI, las disputas por el dinero y los llamados a continuar la presión. El nombre de Fodich siguió apareciendo incluso después de desmantelado el falso cuartel.

Una cuadrilla de policías

La génesis de esta trama se remonta a una deuda. Stevens, ingeniero comercial y cliente de Fodich, había realizado gestiones bancarias para personas vinculadas al clan Chen y esperaba pagos que nunca llegaron. Al comentar su problema con Manuel Larraín, este habría contactado a Stefano Andreotti, quien ofreció una solución poco convencional: una "cuadrilla de policías" dedicada a extorsionar a ciudadanos chinos.

Según Stevens, el inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña lideraba esta estructura. Andreotti le explicó que disponían de un recinto que podía ser adaptado como unidad policial para "arreglar" el problema. La propuesta, aunque inverosímil, contenía un elemento de credibilidad: no todos los policías involucrados serían falsos.

A principios de agosto, Stevens visitó el edificio en José Miguel Carrera 269. En el subterráneo, encontró una sala equipada con mesa, televisor y ventanal. Allí, según su testimonio, se encontraban Andreotti, Ángel Esteban Herrera y Navarrete, quienes le mostraron el lugar y le informaron que extorsionaban a una "cartera de chinos", buscando convencerlo de la autenticidad del contacto policial y la viabilidad de la operación.

Stevens presentó la propuesta a Fodich. Inicialmente, el abogado se mostró reacio, pero días después, junto a José Pinto, asistieron a una nueva reunión en el mismo edificio. Fue allí, según Stevens, donde se acordó simular la detención de Fu, trasladarlo a la sala subterránea y exigirle dinero a él y a su hermana. La cifra inicial habría sido de $150 millones.

Pinto recuerda una negociación aún más ambiciosa, con cifras iniciales de $200 millones por hermano. Fodich habría considerado el monto excesivo y propuesto pedir $100 millones para luego negociar, estimando que las víctimas podían disponer de hasta $500 millones. Finalmente, según Pinto, los supuestos funcionarios policiales decidieron exigir $200 millones a cada uno y luego reducir la cifra.

Fodich ofrece una perspectiva diferente de estos encuentros. Afirma que Stevens le comentó que pretendían engañar a Fu con ayuda de conocidos de la PDI y reconoce haber asistido a una reunión en la sala subterránea. Sin embargo, sostiene que el plan ya estaba diseñado a su llegada y que solo le pidieron dar credibilidad a la escena. A pesar de las discrepancias, las tres declaraciones coinciden en que, antes del 6 de agosto, el abogado sabía que el procedimiento sería falso.

La fabricación de una autoridad

Un día antes del secuestro, la sala fue transformada. Se añadieron detalles como tazones con la sigla PDI, un cartel institucional, el emblema policial proyectado en un televisor y una pizarra con el organigrama de una supuesta organización criminal. En ella, también se incluyó una fotografía tomada semanas antes en un café, donde aparecían Stevens, Pinto y Fu, convirtiendo una reunión cotidiana en la prueba ficticia de una vigilancia previa.

La puesta en escena incluyó un guiño internacional. Stevens señaló que Claudio Navarrete vestía como agente del FBI, mientras Pinto recordó a un hombre que hablaba en inglés y trataba con dureza a Fu. Fodich describió a un sujeto calvo con una insignia de la agencia estadounidense, aunque aseguró haber intervenido mínimamente. El supuesto agente del FBI era Claudio Navarrete, quien, según la Fiscalía, se hizo pasar por funcionario de dicha agencia para dar credibilidad al falso cuartel. Fue formalizado por asociación ilícita, secuestro extorsivo y extorsión, quedando en prisión preventiva.

La treta

El 6 de agosto, Pinto citó a Fu bajo el pretexto de un negocio. Al llegar al edificio, se activó el montaje: le hicieron creer que estaba detenido por su relación con una organización criminal y sería trasladado a Iquique. Stevens y Pinto también fingieron ser arrestados para que Fu percibiera la amenaza como real al ver a sus conocidos sometidos al mismo procedimiento.

En ese momento, apareció Fodich. Primero llamó a la hermana de Fu para informarle de la detención y luego la recogió para dirigirse al edificio, tal como quedó registrado en imágenes reveladas por Mega Investiga.

Antes de entrar, Fodich admitió haber visto un carro policial estacionado con balizas encendidas y se lo señaló a la mujer para reforzar la idea de un procedimiento de la PDI. Ya en el subterráneo, encontró a Fu y Pinto esposados. Sostuvo que reclamó por las esposas, que no estaban contempladas en el acuerdo, y que a raíz de ello se las quitaron. Acto seguido, validó el engaño al confirmar la orden de detención contra Fu y respaldar la amenaza de traslado al norte del país.

La investigación culminó con la detención de tres funcionarios activos de la PDI en septiembre: el comisario Pablo Gajardo Romo, el inspector Rodrigo Navarrete Umaña y el agente policial Sebastián Gajardo Rojas. Se les investiga por asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión e infracción a la Ley Orgánica de la institución, entre otros delitos.

30 millones sobre la mesa

Dentro del falso cuartel, la cifra exigida se redujo. Según Fodich, se pasó de $200 millones a $150 millones, luego a $100 millones, hasta aceptar los $30 millones que los hermanos entregaron ese mismo día, quedando los $70 millones restantes pendientes.

Parte del dinero estaba en el departamento de la mujer y otra fracción debía ser recogida de un vehículo. Fodich salió con ella y los supuestos policías. Relató que uno de los hombres retiró una suma de otro automóvil y que él acompañó a la mujer a su departamento para buscar el resto, ya que ella no quería subir sola con un funcionario. Al regresar a José Miguel Carrera, reunieron los $30 millones y los hermanos recuperaron su libertad.

Sin embargo, la operación no concluyó. Mientras las víctimas se retiraban, los que permanecieron en el subterráneo distribuyeron el dinero. Stevens detalló que Navarrete habría recibido $3,5 millones y $3 millones para seis funcionarios que supuestamente brindaron cobertura desde un vehículo policial. Fodich, Andreotti, Herrera y el propio Stevens habrían obtenido $3,5 millones cada uno, y otros participantes se repartieron montos menores.

Fodich confirmó su parte: reconoció haber recibido $3,5 millones, aunque dijo desconocer la distribución del resto. Pinto declaró haber recibido $1 millón y, al dimensionar el riesgo, sintió que se había metido "de cabeza" en un problema por muy poco dinero. Para ese momento, el grupo esperaba una segunda entrega considerablemente mayor.

El falso cuartel se trasladó a WhatsApp

Cuatro días después, el 10 de agosto, Andreotti creó un grupo de WhatsApp llamado "Reunión", con la participación de Herrera, Stevens y Fodich. Aunque el nombre era neutro, los mensajes revelaban que el secuestro continuaba, con el objetivo de obtener los $70 millones que, según ellos, las víctimas aún adeudaban.

"Mañana tiene que pagar sí o sí", escribió uno de los integrantes. "¿Qué pasa con la presión?", preguntó otro.

La falta de una nueva entrega aumentaba la impaciencia y la desconfianza. Algunos sospechaban que Fodich o Stevens se habían quedado con el dinero, mientras otros reclamaban la intervención de "el azul", denominación que el análisis policial asocia al inspector Rodrigo Navarrete.

La presión requería una justificación legal. El 11 de agosto, un miembro sugirió presentar el pago como la compra de un informe policial favorable, una operación que, según él, se realizaba habitualmente "con los azules". Al día siguiente, Fodich compartió un archivo titulado "Anexo 05 de vigilancia Yongjie CHEN.docx", explicando que contenía un informe que debía ser modificado.

A partir de este documento, el grupo comenzó a redactar un texto con apariencia institucional. La idea era hacer creer que las diligencias de vigilancia, escuchas telefónicas y revisión de dispositivos habían descartado la participación de Fu en una organización criminal, y que, por lo tanto, debían anularse supuestas órdenes de detención. No bastaba con fabricar una oficina policial; ahora también pretendían fabricar el resultado de una investigación.

Según el análisis de Asuntos Internos, Fodich debía convencer a su cliente Yongjie Chen, recluido en la cárcel de Talca, de que su pareja pagara los $70 millones para limpiar los antecedentes de sus familiares. Paralelamente, se habría evaluado usar la misma fórmula para cobrar otros $100 millones a cambio de un supuesto informe favorable al propio Chen.

Mientras se discutía esto, los chats se convirtieron en una contabilidad del miedo. Los participantes preguntaban por la mujer, si había viajado a Argentina por dinero y cuándo regresaría. Incluso solicitaron su pasaporte para que "el azul" verificara si había salido del país. En medio de estas coordinaciones, el 13 de agosto, desde la cuenta atribuida a Fodich, se escribió: "Estoy apretando a la gente".

Durante su declaración, los fiscales le reprodujeron a Fodich otro audio. "Yo creo que en el fondo es retomar el apriete con el azul", se escuchaba decir. Fodich reconoció la voz, pero sostuvo que la expresión era genérica. Aseguró que nunca llamó directamente a la mujer para exigirle dinero y que bloqueó a dos personas que lo presionaban para hacerlo.

El grupo "Reunión" no fue el único. La policía detectó un segundo chat, identificado con una bandera china, donde reaparecieron los reclamos, las sospechas y los llamados a ejercer presión.

¿Quién consiguió la pega?

La principal disputa en la investigación, según señalan fuentes a Mega Investiga, no gira, por tanto, en torno a la presencia de Fodich en el falso cuartel: él mismo la admite. Tampoco se discute que acompañó a una de las víctimas a buscar dinero ni que recibió parte de lo recaudado. La controversia está en un punto más profundo: determinar quién concibió la operación y quién aportó la información que permitió escoger a las víctimas.

Fodich insiste en que llegó cuando el mecanismo ya estaba en marcha. "Fue la única vez que participé en ese hecho, no lo diseñé, no lo elaboré", declaró. Según su versión, se limitó a seguir una parte del timo y después se negó a continuar contactando a los hermanos.

Sin embargo, Pinto lo ubica participando en la discusión sobre cuánto dinero podían pagar, mientras Stevens lo sitúa en las reuniones donde se acordó la falsa detención. A ello se agregan los chats posteriores, en los que aparece como el interlocutor que podía llegar hasta Chen, hablar con los hermanos y utilizar la confianza construida mediante su trabajo como abogado.

Asuntos Internos sintetizó esa hipótesis en una frase tomada de la declaración de Stevens: Fodich "sería quien consiguió la pega". Según el informe policial 245, habría aportado los antecedentes necesarios para concretar el secuestro y, posteriormente, sostener la extorsión.

Con todo, aun sin resolver quién tuvo la idea original, la propia declaración de Fodich lo coloca en una posición difícil de presentar como secundaria. Sabía que el cuartel era falso; condujo a una de las víctimas hasta el lugar; utilizó el vehículo institucional para reforzar la apariencia de legalidad; validó la orden inexistente; acompañó la búsqueda del dinero; regresó con los $30 millones; recibió una parte del pago y, en los días siguientes, continuó interviniendo en conversaciones relacionadas con la suma pendiente.

Entre admitir esos actos y negar la autoría del plan existe una distancia estrecha. Precisamente allí se jugará buena parte de su defensa.

Un método anterior

Antes de terminar su declaración, Fodich entregó un antecedente capaz de ampliar la causa más allá de los hermanos Fu. Aseguró que Andreotti y Herrera le habían contado que, junto con el detective Navarrete, ya habían instalado falsos cuarteles en otras oportunidades para engañar personas y exigir dinero por su liberación. Fue cuidadoso al precisar que no le constaba que aquello fuera cierto ni sabía si se había utilizado el mismo inmueble.

Stevens, sin embargo, relató algo similar. Según él, los integrantes del grupo hablaban de una "cartera de chinos" y de un método basado en denuncias falsas que permitía a funcionarios llegar a determinados domicilios y presionar a sus habitantes. También declaró que, cuando surgieron sospechas sobre el dinero pendiente, hombres vestidos como detectives fueron al departamento de su pareja, preguntaron por él y retiraron el sistema de grabación del edificio. Todos esos episodios deberán ser corroborados por la Fiscalía.

La investigación ya no busca únicamente establecer quién estuvo en la sala de José Miguel Carrera durante la mañana del 6 de agosto. También intenta determinar si aquel falso cuartel fue una improvisación creada para una víctima específica o la expresión visible de un método que venía utilizándose desde antes: mezclar funcionarios verdaderos con agentes inventados, vestir una oficina con los símbolos del Estado y transformar el temor a una institución en una herramienta de cobro.

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