La mañana de este miércoles, el Tribunal de Garantía de Curicó instruyó a Carabineros de Chile para realizar un procedimiento de desalojo en calle Argomedo, debido a la toma de una propiedad privada conocida como “La Cacerola”, por parte de un grupo personas en situación de calle, quienes la habitaban desde el estallido social.
En representación del dueño de la propiedad, el abogado Rodrigo Lozano, sostuvo que esta acción "obedece a un mandato judicial por usurpación, el cual luego de cuatro años se pudo hacer efectivo".
Sobre la reacción de los residentes del lugar, agregó: "Es natural, aunque tendrán que responder a la justicia por el delito de usurpación".
El delegado presidencial de Curicó, José Patricio Correa, aclaró que esta acción "no está relacionada con el gobierno y la utilización de la fuerza pública", sino que obedece "a una resolución judicial por la demanda de un particular".
Consultado sobre el destino de las personas en situación de calle, la autoridad afirmó que funcionarios de servicios sociales se constituyeron en el lugar, para "resguardar la integridad de los menores de edad".
Cabe señalar que el lugar también se constituyó el receptor judicial, Sergio Ormazabal, como garante del correcto procedimiento realizado por parte de carabineros.
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