Corte de Apelaciones dejó con arraigo nacional y firma quincenal a carabinero imputado por homicidio de malabarista

El tribunal de alzada bajó el grado de la medida cautelar para el sargento 2°, Juan González Iturriaga, formalizado por disparar y matar al artista callejero, Francisco Martínez, en la ciudad de Panguipulli

10 de Febrero del 2021 · 17:49
Corte de Apelaciones dejó con arraigo nacional y firma quincenal a carabinero imputado por homicidio de malabarista
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Luego de que este lunes, el Juzgado de Garantía de Panguipulli dejara con arresto domiciliario total al carabinero, Juan González Iturriaga, imputado por el homicidio del malabarista, Francisco Martínez (27), la Corte de Apelaciones de Valdivia modificó la medida cautelar a arraigo nacional y firma quincenal.

La decisión del tribunal de alzada se basó en la solicitud de la defensa del sargento 2º, quien de acuerdo a antecedentes presentados por la Fiscalía, percutó seis tiros con su arma de servicio en contra del artista callejero el pasado viernes 5 de febrero, tras un control de identidad en la ciudad de la Región de Los Ríos.

En la audiencia de formalización, el Ministerio Público imputó al policía el delito de homicidio simple, tras sostener que Martínez, quien hacía malabarismo con machetes que según un informe de la PDI tenían un “carácter potencialmente letal”, fue ultimado con un disparo final mientras se encontraba en el suelo y ya desestabilizado. Esa bala fue la que dio directo en su pecho y habría provocado su muerte.

Por lo anterior, el magistrado de Garantía de Panguipulli, Felipe Muñoz, había señalado el lunes que dicho tiro fue “innecesario”, frente a lo asegurado por Iturriaga, quien alegó haber actuado bajo legítima defensa al verse amenazado, según él, por los cuchillos de malabarismo. Estos, de acuerdo al peritaje de los detectives, tienen punta redondeada tipo “roma” y presentan filo.

“El último disparo percutado no se encuentra amparado por el derecho y constituye un exceso policial en el uso de la fuerza”, indicó el juez en la audiencia. Posteriormente, decretó un plazo de cuatro meses para la investigación.

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