¿Existe la corrupción? ¿Cómo seguimos confiando en nuestras instituciones?

En el reciente Te Deum, el cardenal Fernando Chomalí calificó la corrupción como “el mal de todos los males” y un verdadero “cáncer”.

La comparación es dura, aunque, a estas alturas, quizás lo verdaderamente sorprendente sería seguir llamándola resfrío.

Chile necesita confiar en sus instituciones. En Carabineros y la Policía de Investigaciones cuando combaten el delito; en Gendarmería cuando custodia nuestras cárceles; en el Ministerio Público cuando investiga; en el Poder Judicial cuando juzga; en la Contraloría cuando fiscaliza; y en el Estado cuando administra recursos que, conviene recordarlo de vez en cuando, no pertenecen al gobierno de turno, sino a todos los chilenos.

No porque sean perfectas, sino porque una democracia en la que nadie confía en quien investiga, fiscaliza, custodia, juzga o gobierna termina siendo poco más que una colección bastante cara de edificios públicos, cargos y membretes.

Y hagamos una advertencia antes de que alguien se indigne.

Si alguien cree que esta columna pretende destruir o desacreditar nuestras instituciones, se equivoca de lectura.

Es exactamente al revés, Las instituciones no se destruyen porque alguien haga preguntas incómodas. Se debilitan cuando esas preguntas dejan de hacerse.

Durante demasiado tiempo hemos tenido una explicación extraordinariamente útil cada vez que aparece un nuevo episodio: “Es un caso aislado”.

El problema es que los casos aislados han comenzado a sentirse bastante acompañados. Hemos conocido investigaciones que han involucrado a funcionarios de Carabineros y la PDI; casos de corrupción, drogas y cohecho en Gendarmería; cuestionamientos que han alcanzado al Ministerio Público; episodios que han afectado la imagen del Poder Judicial; y una Contraloría que periódicamente descubre irregularidades que, aparentemente, nadie había advertido hasta que alguien decidió mirar.

Nada de esto significa que esas instituciones sean corruptas. Sería profundamente injusto sostenerlo respecto de miles de funcionarios que cumplen honestamente sus obligaciones.

La pregunta es otra: ¿Cuántos casos aislados necesitamos acumular antes de reconocer que existe un problema que ya no parece tan aislado?

Porque sancionar al funcionario que recibió dinero resuelve una responsabilidad individual. Pero si pudo hacerlo reiteradamente, quizás deberíamos preguntarnos quién debía controlarlo. Y después, quién controlaba al que controlaba. Hasta llegar, esperemos, a alguien.

Cuando un policía comete un delito, el daño es doble: quien debía proteger la ley terminó vulnerándola. Por eso, defender a Carabineros o a la PDI no puede significar negar los problemas dentro de sus filas.

El uniforme merece respeto. Pero nunca inmunidad.

En Gendarmería, la paradoja casi se escribe sola.

El Estado intenta impedir que entren drogas y elementos prohibidos a las cárceles mientras investiga si algunos de quienes debían evitarlo colaboraban precisamente para ingresarlos.

Existen investigaciones y denuncias surgidas desde las propias instituciones, y eso debe reconocerse. Pero sigue siendo legítimo preguntarse si estamos solamente frente a individuos que fallaron o también ante debilidades de control que permitieron que ciertas prácticas sobrevivieran demasiado tiempo.

El Ministerio Público tampoco puede quedar fuera. Pocas instituciones poseen facultades tan poderosas para investigar la vida de una persona, solicitar interceptaciones, requerir medidas cautelares y llevarla ante los tribunales.

Por eso, cuando aparecen cuestionamientos sobre filtraciones, conflictos o manejo de información reservada, la respuesta no puede limitarse al funcionario eventualmente involucrado.

Mientras más poder entregar el Estado a una institución, mayor —no menor— debe ser la exigencia sobre sus controles.

Y después está nuestra peculiar relación con la Contraloría.

Cuando fiscaliza al adversario político, descubrimos súbitamente nuestro profundo amor por la República. “Las instituciones funcionan”. “Que caiga quien tenga que caer”. El entusiasmo suele durar hasta que Contraloría mira hacia nuestro lado.

Naturalmente, puede equivocarse y sus decisiones pueden discutirse. Pero existe una pequeña dificultad lógica: No puede ser garante de la República el lunes y amenaza institucional el jueves, dependiendo de a quién fiscalizó el miércoles.

La institucionalidad no puede funcionar como un equipo de fútbol, Aunque pareciera que queremos árbitros independientes, siempre que cobren para nuestro lado.

El Poder Judicial enfrenta un problema todavía más delicado porque representa ante la ciudadanía la idea misma de justicia.

El episodio de las licencias médicas y los viajes al extranjero dejó una imagen difícil de explicar. Cuando aparecieron miles de funcionarios públicos viajando fuera del país mientras se encontraban con licencia médica, escuchamos hablar de máximo rigor, investigaciones y sanciones. Cuando situaciones semejantes alcanzaron al Poder Judicial, aparecieron estatutos, procedimientos y consecuencias diferentes.

Puede existir una explicación jurídica perfectamente correcta.

El problema es explicársela al ciudadano que espera afuera del tribunal, Porque ese ciudadano no conoce estatutos disciplinarios ni competencias administrativas. Ve algo bastante más sencillo:

Cuando le toca al ciudadano común, la regla parece sencilla; cuando le toca al sistema, aparecen las notas al pie, La independencia judicial es indispensable. Pero independencia no significa inmunidad.

Y la percepción se vuelve todavía más compleja cuando ese mismo ciudadano observa personas privadas de libertad mientras otras, involucradas en hechos que le parecen tanto o más graves, enfrentan sus procesos en libertad.

Ve abogados especializados, peritos, informes y recursos de un lado; del otro, personas que apenas comprenden qué está ocurriendo.

Entonces surge una pregunta que ningún sistema judicial debería despreciar:

¿Ante la justicia importa solamente lo que hice o también quién soy, cuánto tengo, a quién conozco y qué abogado puedo pagar?

Puede ser una percepción equivocada en muchos casos. Pero responder “usted no entiende cómo funciona el sistema” puede ser una magnífica explicación jurídica y una pésima respuesta institucional.

La justicia no solamente debe ser justa, La gente también tiene que confiar en que lo es.

Y después tenemos al Estado y su misteriosa capacidad para descubrir talentos.

Cada cierto tiempo aparecen jóvenes recién egresados —o incluso todavía estudiando— que reúnen, con extraordinaria rapidez, las condiciones necesarias para determinadas funciones y remuneraciones públicas.

Nada malo existe en ser joven. El problema aparece cuando la experiencia parece requisito indispensable para el ciudadano que busca trabajo, pero ocasionalmente se vuelve un concepto bastante flexible cuando se conoce la puerta correcta.

Lo mismo vale respecto de los extranjeros. Ser venezolano, peruano, argentino o de cualquier otra nacionalidad jamás debería ser una desventaja para quien cumple la ley y posee las competencias necesarias.

Pero la coherencia política también existe, Si durante una campaña el discurso respecto de la inmigración irregular fue extraordinariamente severo, corresponde después explicar con igual claridad los criterios utilizados cuando extranjeros son incorporados al aparato estatal.

No porque exista algo reprochable en ser extranjero.

La pregunta es por qué la nacionalidad puede transformarse en un argumento políticamente útil en determinados momentos y desaparecer convenientemente en otros.

Al final volvemos al mismo punto:

¿Cuáles son las reglas y se aplican igual cuando gobiernan los nuestros?

Porque tenemos una extraordinaria capacidad para considerar escandaloso aquello que hacía el gobierno anterior y encontrarle fundamentos técnicos cuando comenzamos a hacerlo nosotros.

Y entonces llegamos, quizás, al aspecto más incómodo.

Chile tiene Contraloría, auditorías, unidades de control interno, normas de probidad y transparencia, procedimientos disciplinarios, policías, fiscales y tribunales. Controles no nos faltan. Lo curioso es que demasiadas veces parecieran adquirir una extraordinaria capacidad de reacción después de que alguien publica lo que estaba ocurriendo.

Una investigación periodística revela antecedentes. Aparecen documentos, correos, conversaciones o contrataciones. Y entonces sucede el milagro institucional, Se anuncia una investigación, Se ordena un sumario, Se revisan procedimientos Y se promete llegar “hasta las últimas consecuencias”.

Todos profundamente sorprendidos por algo que, en ocasiones, llevaba bastante tiempo ocurriendo. No siempre es así. Existen investigaciones iniciadas por las propias instituciones, funcionarios que denuncian y controles internos que funcionan. Pero la pregunta resulta inevitable: ¿Cuántas irregularidades conocemos porque funcionaron los controles y cuántas porque un periodista hizo las preguntas que alguien debió haber hecho antes?

El periodismo no debería transformarse en la unidad de auditoría externa permanente del Estado.

Cuando una publicación provoca la fiscalización que antes no existía, el problema no está solamente en aquello que el periodista descubrió, sino también en por qué quienes tenían la obligación de detectarlo no lo hicieron primero.

Y aparece otra paradoja.

A veces el mensajero termina resultando más molesto que el mensaje.

Entonces preguntamos quién filtró, quién entregó los antecedentes, cómo los obtuvo el periodista, por qué se publicó o quién está detrás del medio.

Preguntas que pueden ser legítimas, pero que nunca deberían desplazar la más elemental:

¿Es verdad lo que se descubrió?

Porque si cada vez que el periodismo levanta una alfombra encontramos algo debajo, quizás el problema no sea que exista demasiado periodismo levantando alfombras.

Quizás debamos preguntarnos por qué tenemos tantas cosas debajo de ellas.

Una democracia necesita instituciones fiscalizadoras fuertes y un periodismo independiente capaz de incomodarlas.

Reaccionar después de que la prensa descubre el problema no es exactamente lo mismo que haberlo controlado.

Y queda una pregunta inquietante:

Si mañana dejáramos de tener periodistas investigando y ciudadanos dispuestos a denunciar, ¿cuántas de estas historias llegaríamos realmente a conocer?

Sería injusto desconocer que muchas irregularidades también han sido descubiertas porque las propias instituciones funcionaron.

Chile todavía posee anticuerpo, Pero una cosa es tener anticuerpos. Otra bastante distinta es enterarnos de la enfermedad cuando ya salió en el diario. Quizás por eso Chomalí tenga razón al hablar de un cáncer.

Porque el peligro de la corrupción no está solamente en el dinero perdido, el funcionario comprado o la decisión influenciada. Está también en acostumbrarnos. Que mañana aparezca otro caso y nuestra reacción sea simplemente: “¿Otro?” “Bueno, uno más”.

Ese día habremos perdido algo bastante más difícil de recuperar que el dinero: la confianza, No todo está corrupto. Hay miles de carabineros, detectives, gendarmes, fiscales, jueces, funcionarios de Contraloría y servidores públicos que hacen correctamente su trabajo todos los días.

Precisamente por ellos debemos dejar de creer que defender las instituciones consiste en guardar silencio.Las instituciones se defienden limpiándolas, corrigiéndolas y exigiéndoles. No escondiendo el polvo debajo de la alfombra institucional. No todo está corrupto, Pero tampoco todo lo que estamos viendo puede seguir siendo considerado aislado, Y entonces volvemos al título.

¿Existe la corrupción? A estas alturas, quizás esa sea la pregunta más fácil. La verdaderamente difícil es la segunda: ¿Cómo seguimos confiando en nuestras instituciones?

No exigiéndoles perfección.

Sino algo bastante más modesto: que cuando alguien falle, su apellido, patrimonio, contactos, uniforme, cargo, cercanía política o poder no determinen el tamaño de la vara con que será medido.

Porque las instituciones no recuperarán la confianza diciéndonos que confiemos.

La recuperarán de una manera bastante menos sofisticada:

demostrando, una y otra vez, que las reglas que con tanto entusiasmo aplican a los demás también están dispuestas a aplicárselas a sí mismas.