Curicó: el olor de siempre y las soluciones que nunca llegan

En Curicó la primavera no necesita calendario. Se huele.

Suben las temperaturas, se abren las ventanas y vuelve ese viejo conocido que desde hace años aparece, se desplaza y termina alcanzando transversalmente buena parte de la ciudad: el olor nauseabundo.

Todo sobre Malos olores en Curicó

Y junto con él regresa otro fenómeno casi tan previsible: El anuncio de que ahora sí se hará algo.

Se investigará. Se fiscalizará. Se coordinará. Se solicitarán antecedentes. Se monitoreará. Se tomarán medidas.

Curicó parece disponer de un extraordinario catálogo de verbos conjugados en futuro para enfrentar un problema que lleva demasiados años instalado en presente.

Quizás ahí esté precisamente el problema.

No parece faltar preocupación.

Tampoco anuncios.

Lo que cuesta encontrar, al menos a los ojos del ciudadano común, es el momento exacto en que el “vamos a hacer” se transforma finalmente en “hicimos esto y conseguimos este resultado”.

De los hoyos a los olores

Hay una circunstancia casi anecdótica que demuestra que Curicó parece tener su propio calendario de calamidades.

Durante el invierno, los curicanos desarrollamos la habilidad de esquivar hoyos y eventos en las calles, conducir haciendo zigzag y confiar en que suspensión, neumáticos y paciencia consigan llegar juntos hasta septiembre.

Y cuando finalmente creemos haber sobrevivido a la temporada invernal, aparece la primavera con el siguiente premio: los malos olores.

La secuencia posee una precisión digna de tragedia griega.

Primero intentamos no caer en los hoyos.

Después intentamos no respirar demasiado profundo.

Del invierno salimos mirando el pavimento.

A la primavera entramos cerrando las ventanas.

Demasiados premios para una ciudadanía en tan poco tiempo.

La comparación podría quedar simplemente como una ironía si ambos fenómenos no compartieran algo bastante menos divertido: son conocidos, recurrentes y suficientemente antiguos como para que nadie pueda calificarlos seriamente de imprevistos.

Sabemos que llegan.

Sabemos aproximadamente cuándo llegan Y aun así conseguimos sorprendernos cuando llegan.

La administración del “vamos a”

Tal vez el problema de fondo no sea la ausencia absoluta de actuaciones.

Sería injusto sostenerlo.

Fiscalizaciones existen. Reuniones también. Se solicitan antecedentes, se realizan inspecciones y diferentes organismos intervienen dentro de sus respectivas competencias.

El problema es otro.

¿Qué ocurre después?

Ahí la información comienza a volverse bastante menos visible para el ciudadano común.

Cuando aparecen los olores sabemos rápidamente que se fiscalizará.

Lo que resulta mucho más difícil conocer es qué ocurrió con las fiscalizaciones anteriores.

Se anuncia una inspección.

¿Qué encontró? Se informa una reunión.

¿Qué se acordó? Se solicitan antecedentes.

¿Qué demostraron? Se deriva información.

¿Qué ocurrió después? Se anuncian medidas.

¿Cuáles funcionaron?

No se trata de exigir que toda fiscalización termine con una sanción. Una inspección puede perfectamente descartar una fuente inicialmente sospechosa, comprobar el cumplimiento de la normativa o aportar información técnica para comprender mejor el fenómeno.

Todo aquello también es resultado.

Y precisamente por eso deberíamos conocerlo.

Porque existe una enorme diferencia entre hacer cosas y solucionar cosas.

Una administración puede desarrollar una intensa actividad burocrática y, sin embargo, conseguir resultados bastante modestos.

Puede reunirse mucho.

Puede oficiar mucho.

Puede fiscalizar mucho.

Pero si después de cada temporada el ciudadano no consigue saber qué se descubrió, qué se corrigió y qué cambió, inevitablemente comenzará a percibir que cada primavera estamos comenzando nuevamente desde cero.

Ese parece ser el verdadero problema del “vamos a”.

Siempre permite anunciar movimiento.

Nunca obliga, por sí solo, a demostrar avance.

Una historia que ya debería estar escrita

Los acontecimientos de estos últimos días vuelven a mostrar solicitudes de antecedentes, oficios y requerimientos dirigidos tanto a organismos sectoriales como a la propia institucionalidad municipal.

Y está bien que ocurra.

Fiscalizar, requerir información y exigir respuestas forma parte del funcionamiento normal de las instituciones.

Pero sería un error convertir nuevamente la discusión en quién ofició a quién.

El episodio permite observar algo bastante más profundo:

después de años de malos olores, todavía estamos solicitando antecedentes para intentar comprender qué está ocurriendo.

Ese es el dato verdaderamente inquietante.

Porque una ciudad que enfrenta recurrentemente el mismo fenómeno debería haber acumulado algo más que expedientes, denuncias y reuniones.

Debería haber acumulado conocimiento.

Cada fiscalización debería servir para la siguiente.

Cada denuncia debería alimentar un registro.

Cada episodio debería aportar información sobre sectores, horarios, condiciones meteorológicas, actividades potencialmente relacionadas, fuentes investigadas y también aquellas que fueron descartadas.

Cada primavera debería encontrarnos con más información que la anterior.

Sin embargo, desde afuera, la secuencia continúa pareciéndose demasiado a sí misma.

Aparece el olor.

Se reciben denuncias.

Se solicitan antecedentes.

Se anuncian fiscalizaciones.

Se coordinan organismos.

Y comenzamos nuevamente a preguntar de dónde viene.

El problema no es que se oficie.

El problema es que después de tantos años todavía necesitemos reconstruir mediante oficios una historia que institucionalmente ya debería estar escrita.

Quizás las instituciones poseen mucha más información de la que conoce la ciudadanía.

Ojalá sea así.

Pero entonces aparece una dificultad diferente: ese conocimiento no parece haberse traducido todavía en una estrategia suficientemente visible y eficaz como para evitar que cada primavera tengamos la sensación de regresar al punto de partida.

¿Quién puede hacer qué?

Existe, naturalmente, una discusión sobre competencias.

Y es necesaria.

La Municipalidad no es la única autoridad que posee atribuciones ambientales. Existen materias que corresponden a organismos sanitarios, ambientales y sectoriales.

Pero tampoco parece razonable transformar esa distribución de competencias en una explicación permanente para la ausencia de resultados.

El ciudadano común no tiene por qué convertirse en especialista en derecho administrativo para determinar a qué ventanilla corresponde el olor que acaba de entrar por su ventana.

Para eso existe el Estado.

La verdadera coordinación institucional no consiste en trasladar un problema desde una oficina hacia otra.

Consiste en que cada organismo haga aquello que le corresponde y que esas actuaciones terminen convergiendo en un resultado.

Por eso la discusión sobre las competencias municipales debería ser bastante sencilla.

¿Qué puede fiscalizar directamente el municipio?

Que lo fiscalice.

¿Qué corresponde a la autoridad sanitaria?

Que intervenga la autoridad sanitaria.

¿Qué corresponde a organismos ambientales?

Que actúen.

¿Qué requiere coordinación?

Que se coordinen.

Lo verdaderamente difícil de explicar después de tantos años no es que existan distintas competencias.

Es que el problema continúe existiendo con tanta competencia disponible.

Los canales: limpiar no puede ser el final

El mismo razonamiento sirve para los canales.

Que exista un programa municipal destinado a su limpieza y mantención es positivo.

Pero después de retirar los residuos aparece una pregunta bastante más interesante:

¿por qué llegaron hasta ahí?

Porque limpiar es necesario.

Evitar que tengamos que limpiar permanentemente lo mismo es bastante mejor.

Si retiramos residuos para encontrarlos nuevamente meses después, habremos mantenido el canal, pero difícilmente podremos sostener que solucionamos el problema.

Y si determinados residuos o materia orgánica pueden contribuir a episodios de malos olores, la discusión necesariamente debe avanzar desde la limpieza hacia el origen.

Quién genera.

Cómo llega.

Quién controla.

Qué se detectó.

Qué se corrigió.

Y qué ocurre si vuelve a suceder.

De lo contrario corremos el riesgo de convertir los recursos públicos en una especie de suscripción permanente al tratamiento de las consecuencias de problemas que nunca conseguimos atacar suficientemente en su origen.

El olor no conoce códigos postales

Existe además algo que vuelve particularmente absurdo fragmentar demasiado esta discusión.

El olor no distingue barrios.

No pregunta cuánto vale una propiedad.

No conoce límites vecinales.

No distingue entre poblaciones, condominios, sectores tradicionales o nuevos desarrollos inmobiliarios.

Se desplaza.

Por eso sería un error reducir este problema exclusivamente a determinados sectores vulnerables.

Naturalmente existen diferencias.

Una familia con mayores recursos puede disponer de mejor aislación, climatización u otras herramientas para mitigar parcialmente sus efectos.

Otra puede no tener ninguna.

Pero el fenómeno es transversal.

Puede entrar por la ventana de una vivienda social y también por la de una casa cuyo valor multiplica varias veces a la primera.

Puede afectar al trabajador, al comerciante, al profesional, al agricultor y probablemente también a alguna autoridad que, después de participar en una reunión destinada a analizar el problema, tenga la mala fortuna de encontrárselo camino a casa.

El olor es extraordinariamente democrático.

La solución, lamentablemente, todavía no.

Porque el olor tampoco entiende de competencias.

No sabe si corresponde actuar a la Municipalidad, a la autoridad sanitaria o ambiental.

No espera respuestas a los oficios.

Simplemente llega.

Y mientras el olor consigue atravesar Curicó sin necesidad de coordinación alguna, las instituciones continúan intentando coordinarse para alcanzarlo.

Agricultura sí. Malas prácticas, no.

Nada de esto significa convertir a la agricultura o a la agroindustria en enemigos.

Sería absurdo.

Curicó es agricultura.

La fruticultura y la agroindustria generan empleo, inversión y exportaciones, y forman parte esencial de la identidad económica de nuestra provincia.

Necesitamos que produzcan.

Necesitamos que crezcan.

Y necesitamos que sean competitivas.

Pero precisamente por eso necesitamos también actividades modernas, sostenibles y compatibles con la ciudad que las rodea.

La actividad agrícola merece protección. Las malas prácticas, no.

Y quienes hacen correctamente las cosas deberían ser los primeros interesados en una fiscalización rigurosa.

Porque quien invierte en procesos responsables, tecnología y tratamiento adecuado de residuos no debería competir con quien eventualmente abarata costos trasladando sus externalidades al resto de la comunidad.

La discusión seria nunca debió ser agricultura contra habitantes.

La verdadera discusión es cómo hacemos compatibles ambas cosas.

Producción con responsabilidad.

Agricultura con ciudad.

Desarrollo con calidad de vida.

No parece una aspiración revolucionaria.

Se llama gestión.

Septiembre y el contraste inevitable

Y entonces aparece septiembre.

Curicó celebra legítimamente su Fiesta de la Chilenidad.

Y está bien que así sea.

Que haya familias en la Alameda.

Que haya cueca.

Que haya empanadas.

Que haya música, parrillas y tradiciones.

La fiesta no es el problema.

El contraste sí merece reflexión.

Porque cuando queremos organizar un evento de esta magnitud somos perfectamente capaces de trabajar con anticipación.

Hay fechas.

Hay responsables.

Hay coordinación.

Hay recursos.

Hay ejecución.

Y finalmente ocurre algo fundamental:

hay un resultado visible.

La fiesta abre el día anunciado.

Los escenarios están instalados.

Las actividades comienzan.

El ciudadano puede comprobar que aquello que se anunció efectivamente ocurrió.

Eso es gestión.

Y precisamente por eso resulta legítimo exigir el mismo principio frente a problemas bastante menos festivos.

No la misma velocidad.

No la misma simplicidad.

Pero sí la misma lógica elemental:

anuncio, ejecución y resultado.

Porque existe una diferencia entre preocuparse por una ciudad y resolver sus problemas.

Lo primero puede expresarse en una declaración.

Lo segundo solamente puede demostrarse con resultados.

Del “vamos a” al “hicimos”

Curicó no necesita otra promesa de que se estudiará el problema.

Necesita conocer qué aprendimos de los estudios anteriores.

No necesita saber solamente que habrá fiscalizaciones.

Necesita conocer qué ocurrió con las anteriores.

No necesita otra fotografía alrededor de una mesa.

Necesita saber qué decisión produjo esa reunión.

No necesita escuchar nuevamente que los organismos deberán coordinarse.

Necesita comprobar que efectivamente se coordinaron.

Quizás muchas cosas sí se están haciendo.

Quizás existen fiscalizaciones, informes, derivaciones y antecedentes que el ciudadano simplemente desconoce.

Pero entonces corresponde hacerlos visibles.

Porque una política pública no termina cuando se ejecuta una actuación administrativa.

Termina cuando esa actuación produce un resultado, permite aprender algo o modifica la realidad que pretendía corregir.

Y mientras aquello no ocurra —o no sea perceptible— la ciudadanía continuará construyendo su opinión sobre lo único que puede comprobar directamente.

Llega septiembre.

Sube la temperatura.

Aparece el olor.

Y vuelve el “vamos a”.

Vamos a investigar.

Vamos a fiscalizar.

Vamos a reunirnos.

Vamos a coordinarnos.

Después vendrán los oficios, las inspecciones y las explicaciones.

Hasta que algún día podamos cambiar definitivamente el tiempo verbal.

Hicimos,Encontramos,Corregimos,

Sancionamos, cuando,correspondía.

Y este fue el resultado.

Porque Curicó lleva demasiadas primaveras escuchando lo que se hará.

“Al final, entre tantas instituciones anunciando lo que van a hacer, el olor sigue siendo el único que cumple puntualmente con lo suyo.”

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