Columna de opinión: La realidad de la delincuencia juvenil en Chile

Casi desapercibida ha pasado la publicación de un importante estudio emanado de la División de Estudios del Ministerio Público presentado la semana pasada y que aborda la evolución de la Responsabilidad Penal Adolescente en Chile durante la última década (2015 – 2025).

A grandes rasgos, este estudio lo que hace es confirmar lo que la doctrina y los expertos señalan en torno a la evolución de este tipo de criminalidad y lo que año a año la Defensoría Penal Pública ha ido poniendo de relieve en las distintas cuentas públicas de sus autoridades.

Particularmente, me gustaría poner el acento en que, en los últimos 10 años, en Chile se observa que los ingresos totales de delitos -donde el autor/a conocido es un adolescente- ha bajado un 14%, pasando de 31.057 sujetos menores de edad responsables penalmente del año 2015, a 26.791 del año 2025, cifra que viene a aterrizar el problema de fondo.

Por ejemplo, en cuanto a los delitos más cometidos por adolescentes, recién en el séptimo lugar se ubican los robos; las seis primeras categorías son delitos de menor entidad, como las lesiones leves o las faltas.

Incluso, si nos centramos en los quince delitos de más frecuentes realizados por parte de esta clasificación de jóvenes, recién en el séptimo lugar aparecen los robos con intimidación y, en el duodécimo lugar, aparece el microtráfico, lo cual circunscribe a volúmenes bastantes bajos los delitos más violentos o complejos cometidos por los adolescentes, en compración con el total de los delitos investigados por el sistema.

Por su parte, la gran mayoría de estos delitos fueron efectuados por adolescentes de entre 16 y 17 años, con un 64,2%, lo cual pone paños fríos a la hipótesis -aun no confirmada- de que son jóvenes de 15 años o menos los que más cometen delitos en Chile, lo cual invita a revisar la tesis de la rebaja de la edad para responder penalmente.

Por último, dicho estudio destaca que un 64% de los jóvenes que ingresa al sistema tan sólo comete un delito y no vuelve más (reincidencia), lo cual viene a ratificar las conclusiones en torno a que las conductas antisociales de los menores de edad tienden a remitir de manera normal con el transcurso del tiempo.

Estas interesantes cifras se entregan, precisamente, cuando en el Congreso Nacional se debaten varios proyectos de ley que tienden a endurecer las penas y rebajar la edad penal para los adolescentes, en circunstancas que, como lo da a entender este estudio, la evidencia empírica va en contra de establecer que éste sea realmente un problema masivo y que, además, sea de un abordaje simple, como es utilizar meramente el aumento de penas para su solución.

Lo anterior, más parece una mala idea, cuando a estos datos le sumamos que aún no existe ni siquiera una evaluación cualitativa ni cuantitativa de la reciente puesta en marcha de una nueva institucionalidad que acoge el problema de la delincuencia juvenil, como fue la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que fue acompañado de una profunda reforma al tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal y que constituye, tal vez, una de las modificaciones más importantes a la propia ley 20.084, que ha ido entrando en vigencia de manera progresiva en las distintas zonas del país.

Es por ello que, como lo ha señalado en más de una oportunidad la Defensoría Penal Pública en un tema tan sensible como el sistema penal, en que se tocan o afectan los derechos fundamentales de las personas -y en este caso de los más vulnerables como son los adolescentes- se debe legislar con cautela, escuchando a los expertos y teniendo a la vista los datos empíricos que sirven de luz para no tropezar en la oscuridad que siempre trae consigo un excesivo puntivismo en nuestra sociedad.