Enemigos internos

En 2020, la fiscal jefe de Linares y abogada, Carola D’Agostini, realizaba sus funciones diarias en una rutina que consiste en revisar causas, sobre todo para chequear los avances en las indagatorias que lleva adelante el Ministerio Público así como también para instruir nuevas diligencias investigativas en cada caso.

En ese contexto, le llamó la atención el reiterado cierre de causas en un reducido lapso de tiempo, lo que generó dudas en relación a la justificación para desarrollar estas acciones. Por ello, decidió abrir un sumario administrativo de control interno para buscar responsabilidades. Para su sorpresa, se topó con una fórmula sistemática y manipulada de obtener réditos económicos. El enemigo se encontraba al interior del mismo órgano persecutor.

Se trata de la abogada asistente de la fiscalía, Claudia Del Pino Acuña, quien tenía por función la coordinación de causas de mediana complejidad. El motivo de su suspensión, en primera instancia, se debió a que recibía dineros por parte de imputados para archivar sus causas, principalmente asociadas a conducción de vehículos en estado de ebriedad.

Para ello, los “clientes” debían desembolsar entre $300 y $500 mil, los cuales eran recibidos por Del Pino y su marido, Ricardo Vega Guerrero, involucrado directamente en los hechos debido a que, según la investigación, era el encargado de establecer el contacto y recibir los pagos.

Tras ser formalizada por los delitos de obstrucción a la investigación, cohecho, violación de secreto reiterado y fraude de seguros, el pasado 30 de diciembre de 2023 elTribunal Oral en lo Penal de Linares impuso para Del Pino, la pena de 12 años y 176 de reclusión mayor en su grado medio, una de las más altas conseguidas para este tipo de delitos en el país.

En tanto, para Vega Guerrero, quien ya estaba cumpliendo la prisión preventiva en la Cárcel de Linares, la pena fue de 6 años de presidio. Además, ambos deberán pagar una multa de $5 millones 800 mil, junto con haber quedado inhabilitados de forma absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.

Sin embargo, la acusada, quien estaba en libertad, no se presentó a la audiencia de lectura de sentencia y hasta hoy, se desconoce su paradero.

Sobre este caso, resulta preocupante que la institución a cargo de perseguir los delitos, se vea contaminada con un germen de corrupción lo que, si no es detenido a tiempo, de una u otra manera puede tener efectos nocivos para futuras investigaciones.

Este no es el único delito en el cual se han visto envueltas las entidades públicas. En diciembre de 2023, el ex alcalde de la comuna de Sagrada Familia, Martín Arriagada, junto a la exjefa de la Unidad de Control Interno, Isabel Vásquez, fueron sentenciados por el delito de fraude al fisco, debido a la entrega de permisos de circulación sin el pago de multas e intereses pendientes por parte de los conductores.

Sobre el ahora ex jefe comunal, cayó una pena de tres años de presidio, la cual cumplirá en libertad, además de la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos. Para Vásquez, la condena corresponde a 41 días de prisión de manera remitida y no podrá ejercer cargo u oficio público alguno, por dos años y un día.

En la misma fecha, pero en la comuna de Cauquenes, el Juzgado de Garantía condenó a Liliana del Pilar Ríos Concha, ex funcionaria del Registro Civil, a cuatro años de cárcel y al pago de una multa de $48 millones por malversación de fondos.

Lo anterior, debido a que Ríos, en su calidad de jefa de la oficina local, tenía la obligación de ingresar a las arcas fiscales el pago de trámites de transferencia de vehículos, lo cual no realizó.

Ante estas situaciones, es importante resaltar el rol que deben cumplir las unidades de control interno dentro de las entidades públicas, cuyo fin es detectar este tipo de anomalías y poner los antecedentes, si así fuese necesario, ante el Ministerio Público. Cabe señalar que, en muchas oportunidades, estos casos quedan al descubierto por denuncias anónimas o, como ocurrió en Sagrada Familia, por parte de un concejal que se facultó en su labor fiscalizadora para presentar la denuncia en fiscalía.

La Contraloría, por su parte, aunque no tiene un papel deliberante judicialmente, si ha detectado diversas irregularidades que en muchas oportunidades quedan en el aire o son puestas en antecedentes, aunque no se les da continuidad. De igual forma, es necesario que a los casos sospechosos se les haga un seguimiento exhaustivo, porque claramente el germen de la corrupción se ha instalado en los organismos públicos y, en muchos casos, con enemigos internos como protagonistas.

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