La dicotomía sacro familiense

La condena del alcalde inhabilitado de Sagrada Familia,Martín Arriagada (UDI), marca un precedente en la historia judicial de la provincia de Curicó, al ser primer jefe comunal -en ejercicio- sentenciado a tres años de presidio menor en su grado medio por fraude al fisco. Junto a él, también fue condenada la exjefa de la Unidad de Control Interno, por el mismo delito.

Si bien hay otros casos donde autoridades locales han sido formalizadas, estas han accedido a salidas alternativas. En este caso, el Ministerio Público logró adjudicar Arriagada, la responsabilidad en la autorización de entrega de permisos de circulación a personas que tenían multas vigentes, sin efectuar el cobro que ordena la legislación, en torno a intereses y multas. Esto representa un delito y un daño al Estado.

Si bien la fiscalía presentó antecedentes que cifraban el monto defraudado por $800 millones entre 2014 y 2015, sólo pudo acreditar al jefe comunal la apropiación de poco más de $16 millones 456 mil. He ahí la razón de la baja sustancial de las penas, que además contemplan la prohibición de ejercer cargos públicos por cinco años y el pago del 5 por ciento de lo defraudado, es decir, $813 mil 663 al que se suman las costas del juicio.

Este caso deja en evidencia, una vez más, la crisis que vive la política chilena. Una permeabilidad que filtra numerosos delitos en el aparato público. “Esto se da desde el abuso de los privilegios, hasta la coima y el desfalco del patrimonio público”, como lo definió a Ciper Chile la exabogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz.

En relación a la estructura municipal, los alcaldes gozan de un status que los eleva a la categoría de mini reyes, con un poder que a veces es incontrarrestable en la toma de decisiones e influencia sobre otras direcciones al interior de la organización. Estos sucumben a la presión para quedar bien con cercanos y al pago de favores políticos, tomando decisiones, muchas de ellas, sin medir consecuencias.

Otro delito, porque así está estipulado en la justicia chilena, es la omisión. Nadie sabe, todo se oculta, todo se calla, aunque el delito esté ocurriendo frente a sus ojos. Si los organismos fiscalizadores no hacen su pega, ¿qué queda para aquellas comunas rurales donde su presencia es casi inexistente?

Volviendo a Sagrada Familia, la consecuencia sociopolítica que deberá asumir Arriagada, más allá de la sentencia judicial, será convivir con una mancha en su hoja de vida que le pesará de aquí en más. Sobre todo, cuando busque reinsertarse políticamente de manera independiente.

A lo anterior, se añade que a pesar de que transcurrieron sólotres días de conocida la sentencia, inmediatamente el alcalde suplente, Francisco Meléndez (PS), comenzó las gestiones para eliminar el nombre de Arriagada, asignado a una calle de la Villa Los Naranjos. Una especie de exilio innecesario, divisorio y con cierta animadversión, en un sector donde se valoran las gestiones por parte de la administración de Arriagada, para conseguir el terreno donde se realizó la edificación del complejo habitacional, lo que genera una dicotomía política en la comuna, con sentimientos encontrados hacia una figura política que no por nada, fue reelegida dos veces para liderar la comuna.

En relación al procedimiento judicial, la defensa del condenado alcalde anticipó que no apelarán al fallo pronunciado por el Tribunal Oral en lo Penal ante la Corte de Apelaciones de Talca, asumiendo las consecuencias de una resolución que lo congelará de la arena pública por cinco años.

En cuanto a su casa política, desde la UDI no se hanpronunciado sobre el caso, aunque claramente se ha esbozado que el ahora exalcalde dejará de pertenecer a las filas del gremialismo. Las razones son obvias, aunque Martín Arriagada, fiel a su estilo, no se quedará quieto ni mucho menos lamentándose.

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