Agustín Felipe O'Ryan Soler: El prófugo que desnudó las deficiencias del sistema judicial

Este 9 de abril se cumplirán cuatro meses desde que Agustín O’Ryan Soler fue declarado culpable de los delitos de abuso sexual agravado y violación, pero también cuatro meses desde que se fugó para evitar el accionar de la justicia. Ese mismo día se le informó que su condena era cumplir siete años de presidio mayor en su grado mínimo.

Más allá de la fuga y todo lo que esto ha generado en las redes sociales y en las plataformas noticiosas, lo que llama profundamente la atención de este caso, es que deja al descubierto la fragilidad con la cual funciona el sistema judicial de nuestro país.

Para entender el caso y entender un poco la maraña, es necesario recordar que a O’Ryan Soler se le pidió la prisión preventiva por parte de la Fiscalía tras ser formalizado, cumpliendo  pocos días con esta cautelar, que posteriormente fue cambiada quedando con arresto domiciliario y arraigo nacional, es decir, no podía salir del país ni de su domicilio.

Cabe señalar que tras el juicio oral donde el Tribunal lo declara culpable, el Ministerio Público nuevamente solicita modificar las medidas cautelares y que se decretara prisión preventiva hasta que se leyera la sentencia. El tribunal accedió a tal petición, pero la Corte de Apelaciones de Talca la revocó.

Entre el 25 de noviembre -cuando fue declarado culpable- y el 9 de diciembre -cuando se leyó la sentencia-, si bien O’Ryan Soler se mantuvo en su domicilio, lo hizo sin “custodia” sólo con controles periódicos por parte de Carabineros que en esa semana no se realizaron. Al momento de la lectura de sentencia, el acusado estaba en su domicilio vía online (se supone). En lo que demoró en llegar la justicia a buscarlo a su casa, O’Ryan Soler se habría fugado.

Ya en la búsqueda -del ahora prófugo-, diversas fuentes legales consultadas coinciden en que “sorprende” el tiempo transcurrido para dar con el paradero de O’Ryan Soler por parte de las policías y no dudan en cuestionar si es que se han “intensificado las labores de búsqueda” para su captura.

Es aquí donde comienzan las suspicacias en torno a cuáles son las diligencias para lograr este objetivo. ¿Realmente lo están buscando? La respuesta no es clara, de hecho, ni siquiera hay respuesta oficial hasta ahora, porque nadie responde, ni la Policía de Investigaciones, ni la Fiscalía, que después de tres meses entregó un escueto comunicado para informar que “siguen buscando, pero infructuosamente”. Nadie se refiere al caso. Nosotros (la Prensa) hacemos nuestro trabajo, prácticamente al vacío. Las familias de las víctimas y ellas mismas, por su parte, sólo ven impunidad.

“Fue blindado”, señaló una fuente. Eso levanta las sospechas para interpretar que existiría una red, familiar y de cercanos, que colabora para ocultar su paradero. Se especula que podría estar escondido en Chile hasta que salió del país de manera clandestina por algún paso no habilitado. En cualquiera de los casos, ayudado por alguien “influyente y poderoso”, sobre todo en Curicó.

¿Cuál sería entonces el objetivo de mantenerse prófugo u oculto? “sólo ganar tiempo” y encontrar un “resquicio legal” que permita abrir un nuevo juicio, tal como sucedió con el caso de Martín Pradenas.

En nuestro país existen más de 35 mil personas (cifra en crecimiento diario) que están prófugas de la justicia, dos mil 500 de ellos de alta peligrosidad. Debido a lo anterior, la iniciativa presentada por el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) para crear el Registro Público de Prófugos tiene total asidero, porque hoy esa información privada sólo depende del Registro Civil e Identificación y a ella tienen acceso muy pocas entidades, por ejemplo, las policías. “El objetivo es incentivar la denuncia y prevenir delitos”, sostiene el parlamentario.

Hay que señalar que una de las deficiencias que presenta nuestra ley y que es una piedra de tope para buscar personas prófugas de la justicia, es que las policías se ven limitadas para la utilización de herramientas intrusivas para capturarlos. Por ejemplo, no se pueden intervenir (“pinchar”) teléfonos de cercanos, tampoco se puede recurrir a sistemas de georreferenciación ni utilizar drones de rastreo, prácticamente la tecnología no es aplicableen estos casos.   Ya recapturados, los exprófugos tampoco tienen un aumento de penas por escapar de la justicia, sólo sanciones administrativas por parte de Gendarmería, como estar incomunicados y/o realizar labores internas. No está tipificada como un delito la evasión.

Cabe señalar que en el caso de Agustín O´Ryan Soler, estamos hablando de una persona que ha sido condenada y sentenciada por la justicia en esta instancia, porque pueden quedar recursos a presentar, pero debe cumplir con la pena carcelaria establecida hasta que los mismos tribunales dictaminen lo contrario tras las acciones que su defensa pueda gestionar.

Asimismo, es bueno recordar que este tipo de causas, como la violación, no tienen prescripción en nuestro sistema jurídico, por lo que, estamos hablando de un fugitivo que más temprano que tarde tendrá que cumplir y pagar por sus delitos.

En el intertanto, las víctimas están en contacto con el Ministerio Público a través de una unidad correspondiente, aunque nadie les asegura que en cualquier momento se encuentren al agresor en la calle.

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