Uniformes escolares: un negocio maleducado

Llega marzo y nuevamente nos encontramos con el eterno debate que genera la compra de uniformes y útiles escolares. Peor aún, a las “solicitudes” de parte de algunos establecimientos educacionales por adquirirlos en lugares específicos, muchos de ellos orientados en base a un convenio, lo que produce dolor de cabeza por la falta de ofertas para buscar mejores alternativas y precios. Una especie de “monopolio impositivo”, no obligatorio, pero guiado sutilmente.

Si bien desde el ministerio de Educación llaman a denunciar exigencias irregulares sobre marcas específicas, aduciendo que ningún establecimiento reconocido por el Estado “puede generar barreras de acceso”, lo cierto es que padres y apoderados se topan ineludiblemente con este escenario.

Bien es sabido que acá funciona una especie de acuerdo entre los establecimientos educacionales y los locales comerciales, único lugar donde elaboran, confeccionan y al parecer, tiene la capacidad de bordar la insignia del colegio. Quiéranlo o no, es un aprovechamiento que surge de un arreglo entre ambas partes, una especie de economía circular que está lejos de acabarse, a pesar de todas las quejas y que deja fuera a los padres o al menos la posibilidad de elegir alguna alternativa, porque no la hay.

Ahora los precios son irrisorios. Lo digo porque tuve en mis manos una de las boletas de una tienda curicana, claramente convenida con un par de entidades educacionales.  Dos poleras tienen un costo de $35.980 pesos; un pantalón de buzo; $18.990 pesos, más un polerón $20.650 pesos. Total 75.630 pesos.

Aquí comienza el debate, desde el punto de vista de la obligatoriedad en la utilización de uniformes escolares. Por un lado, algunos apoderados asumen que este es un costo que se debe asumir una vez al año, opinión que se distancia de quienes afirman que sería mejor que los estudiantes pudiesen escoger su propia vestimenta, sabiendo incluso el costo monetario, aunque me atrevería a escribir, que son los mismos jóvenes quienes se adhieren mayormente a esta opción.

Si bien la Superintendencia de Educación es clara en señalar que dicho código de vestimenta debe estar “debidamente descrito en el Reglamento Interno (de un establecimiento educacional), y debe ser informado a los apoderados al momento de matricular”, también hace la excepción en casos especiales o ante alguna necesidad de las familias.

La verdad y perteneciendo a esa generación estudiantil de camisa celeste, pantalón gris y cuyos padres compraban un par de zapatos para todo el año, no entiendo la idea de hipercomercializar todo, con valores que parecen ser una broma, asumidos en un mes donde el bolsillo se ve incluso aún mas más exigido.

Aunque he sido un defensor de la uniformidad en la vestimenta, -por razones de discriminación estudiantil relacionada a la ropa de marcas-, me parece que existe un aprovechamiento tanto de los establecimientos educacionales como de las casas comerciales.

Si a esto se le suman los valores de los textos educativos, sobre todo en el caso de los colegios particulares y subvencionados, con valores inalcanzables en algunos casos, esta situación es mucho peor.

En lo particular, en mi etapa estudiantil lo único que marcaba la diferencia era la corbata. El resto daba lo mismo. Chaleco azul, camisa celeste o blanca, pantalón gris y listo, es más, estábamos orgullosos de representar a nuestra escuela o liceo con nuestra insignia. Es verdad que un uniforme no hará que se aprenda más, a veces solo sirve como un distintivo para diferenciarse entre los pares y generar ese sentido de pertenencia que nos podría dar una insignia distintiva de un respectivo establecimiento; pero quizás es el reflejo mismo de nuestra sociedad, aquella que necesita validarse distinguiéndose y diferenciándose de los demás. Lo curioso del problema, es que la polémica es impulsada por quienes también, siendo alumnos, vistieron de celeste con y gris.

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