El Juzgado de Garantía de Talca dictó la medida cautelar de prisión preventiva para 10 ciudadanos extranjeros que fueron detenidos durante un extenso operativo policial efectuado en el sector oriente de la capital regional del Maule. La Fiscalía formalizó a los imputados por los delitos de tenencia ilegal de armas prohibidas y receptación de vehículos motorizados, logrando acreditar el peligro que representan para la seguridad de la sociedad.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el procedimiento fue liderado por detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de Santiago, en conjunto con personal de la PDI de Talca y la Fiscalía Supraterritorial Centro. Los efectivos allanaron una vivienda ubicada en el sector residencial Parque del Sol, en Las Rastras, inmueble que era utilizado como centro de operaciones por esta presunta organización criminal.
Las indagatorias revelaron que la banda estaba compuesta por seis ciudadanos venezolanos y cuatro colombianos, quienes se habrían trasladado a Talca tras abandonar la Región Metropolitana. Un antecedente que agravó el escenario judicial es que varios de los integrantes ya eran investigados por delitos de alta connotación social y habían recuperado su libertad recientemente.
Uno de los aspectos que generó mayor preocupación durante la investigación y que motivó la rápida intervención de las unidades especializadas, fue la macabra hipótesis que maneja el Ministerio Público: los sujetos estarían planificando cometer un robo con homicidio en la zona.
Durante los allanamientos, los detectives lograron incautar:
- Cuatro armas de fuego.
- Municiones de diverso calibre.
- Cargadores de alta capacidad.
- Un vehículo de alta gama que mantenía encargo vigente por robo desde la Región Metropolitana.
Cabe recordar que, en medio del operativo policial, algunos de los imputados intentaron evadir el cerco policial escapando a través de los techos de las viviendas aledañas, siendo rápidamente interceptados y reducidos por los efectivos.
Tras la formalización de cargos y al acoger la solicitud de prisión preventiva, el tribunal fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Durante este periodo, la Fiscalía y la PDI continuarán recabando pruebas, mientras la unidad de Extranjería verifica la situación migratoria de los imputados y se indaga su posible conexión con otros hechos delictivos en el país.
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