El Estadio Fiscal de Talca fue entregado oficialmente tras un millonario proyecto de mejoramiento para convertirse en una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025. El acto, encabezado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, tuvo un costo de $4.151.875.772, financiados por el Instituto Nacional de Deportes (IND).
Sin embargo, lo que debió ser una celebración se convirtió en una jornada marcada por la polémica, ya que la prensa regional y las autoridades locales quedaron excluidas del recorrido y del acto de entrega. La restricción, impuesta por la FIFA, se argumentó en que los derechos de difusión de imágenes de los estadios y del evento pertenecen exclusivamente a los auspiciadores del torneo.
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Esta política generó molestia en la comunidad, ya que el recinto fue renovado con recursos públicos, pero los medios y actores locales que acompañaron el proceso durante años no pudieron conocer ni registrar el resultado de las obras.
Las mejoras, que comenzaron el 25 de abril de 2025, incluyeron:
- Mejoras en camarines con nuevo mobiliario, lockers, bancas y tinas de crioterapia.
- Superficies antideslizantes en las zonas de tránsito de deportistas.
- Zonas mixtas adaptadas para periodistas.
- Servicios higiénicos renovados para público y jugadores.
- Iluminación LED internacional para cumplir con los estándares FIFA.
- Sala multisensorial TEA, pionera en la región, para la inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista.
- Renovación completa del césped con sistemas de riego mejorados.
- Bancas móviles de nivel internacional para equipos técnicos y médicos.
- Pintura integral del recinto, interior y exterior.
De manera paralela, y no vinculada directamente al Mundial Sub-20, se renovó la pista atlética con una inversión de $931 millones pensando en los Juegos Binacionales Cristo Redentor. Si bien Talca y la región del Maule celebran la inversión y el legado deportivo, el hermetismo impuesto por la organización del mundial ha generado un debate sobre el control comercial de un evento financiado con recursos del Estado.