Una grave acusación por delitos contra la probidad enfrenta el exdirector de Seguridad de la Municipalidad de San Javier, Carlos Muñoz Aedo. Esto luego de que, tras una investigación liderada por la fiscalía local, el Ministerio Público lo formalizó este martes 16 de junio por el delito reiterado de fraude al fisco.
Según los antecedentes expuestos, la investigación acreditó que el imputado, en su calidad de empleado público y en el ejercicio de su cargo, aprovechó sus facultades legales y administrativas —las cuales le otorgaban control sobre la gestión, solicitud y visación de servicios de seguridad en la comuna— para defraudar a la institución. Las diligencias determinaron que, entre septiembre de 2022 y enero de 2023, Muñoz habría realizado maniobras engañosas relacionadas con la contratación y el pago de servicios de seguridad, afectando directamente las arcas fiscales de la municipalidad.
El fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, entregó detalles sobre cómo operaba este esquema fraudulento, el cual se habría llevado a cabo en el contexto de eventos comunales como la Fiesta de la Chilenidad, el aniversario comunal, ferias navideñas y otras actividades culturales.
"La investigación a cargo de esta fiscalía determinó que el imputado, abusando de su cargo de confianza, orquestó un sistema para defraudar a la municipalidad", explicó el persecutor. En ese sentido, detalló que Muñoz "básicamente instruía a funcionarios subordinados, inspectores municipales, entre otros, para que emitieran boletas de honorarios por servicios no prestados o que ya estaban cubiertos por la propia condición del funcionario".
El engaño, sin embargo, no terminaba ahí. El fiscal Caroca añadió que, tras la emisión de los documentos falsos, "una vez que el municipio depositaba los fondos, los funcionarios, siguiendo las instrucciones del imputado, retiraban el dinero en efectivo y se lo entregaban personalmente en dependencias de la municipalidad de San Javier".
De acuerdo con las estimaciones del Ministerio Público, las acciones defraudatorias orquestadas por el exdirector de Seguridad habrían provocado "un perjuicio patrimonial al municipio de casi 5 millones de pesos".
Debido a la gravedad de las imputaciones, el fiscal Patricio Caroca advirtió que el exfuncionario "arriesga una pena que va entre 5 años y un día a 10 años" de presidio.
Finalmente, tras la audiencia de formalización y a solicitud de la fiscalía, el tribunal competente decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma semanal para el imputado. Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.
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