Más de $195 millones en sobreprecios: Los detalles de la acusación que lleva a juicio al alcalde de Linares

El Ministerio Público formalizó su acusación el pasado 4 de octubre en el marco del denominado "Caso Cloro", una investigación penal surgida tras detectarse diversas irregularidades en la adquisición de insumos sanitarios y ayuda social durante la pandemia de Covid-19 en el año 2020. Para el desarrollo del inminente juicio oral, el ente persecutor anunció que presentará un contundente respaldo probatorio compuesto por 55 testigos y 432 documentos, con el objetivo de demostrar la culpabilidad de nueve funcionarios de la Municipalidad de Linares, incluyendo de manera directa al alcalde Mario Meza Vásquez, además del involucramiento de seis comerciantes.

Según los antecedentes recabados por las indagatorias de la Fiscalía, la máxima autoridad comunal firmó un decreto excediendo sus facultades legales, acción que permitió realizar compras vía trato directo a través del municipio y sus departamentos de Administración de Educación y Salud. Estas adquisiciones, que contemplaron bidones de cloro, test rápidos de Covid-19, cajas de mascarillas y cajas de alimentos, se efectuaron sin cumplir la normativa de compras públicas vigente y pagando altísimos sobreprecios que alcanzaron hasta un 72,9%, lo que generó un perjuicio a las arcas fiscales estimado en más de 195 millones de pesos. Además, la investigación acreditó que desde la municipalidad se contactó personalmente a proveedores que carecían de giro comercial, capital y experiencia en el rubro.

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Frente a la gravedad de los hechos, el Ministerio Público solicitó severas condenas que fluctúan entre los 4 años hasta los 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo para el alcalde Meza y los otros ocho funcionarios públicos por el delito de fraude al fisco, exigiendo además su inhabilitación para ocupar cargos públicos y la restitución de parte de los montos defraudados. En el caso de los seis comerciantes, acusados del delito de obtención fraudulenta de prestaciones, se pidieron penas de 4 a 5 años y un día de presidio menor, sumado al pago de multas. La fiscal jefe de Linares, Carola D'Agostini, explicó que la presentación de la acusación busca que el tribunal de garantía conozca primero los medios de prueba, "cuya finalidad es que nosotros podamos acreditar la responsabilidad que le cabe a estas personas en delitos de fraude al fisco y de fraude de beneficio o de subvenciones, como también se conoce en nuestra legislación".

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El avance de este complejo proceso judicial quedó fijado para el próximo martes 3 de noviembre, fecha en la que se realizará la respectiva audiencia de preparación de juicio oral que definirá el futuro de la autoridad linarense y su círculo de confianza. Sobre esta instancia clave, la persecutora D'Agostini detalló los pasos procedimentales a seguir, indicando que "si la audiencia se realiza, pasamos inmediatamente a la etapa de juicio oral donde se van a resolver las peticiones de los distintos intervinientes".