El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado un requerimiento de inaplicabilidad presentado por el alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez. La acción buscaba frenar el proceso por notable abandono de deberes y contravención grave a la probidad administrativa que se ventila en el Tribunal Electoral Regional (TER) del Maule.
La decisión del TC, con fecha 2 de septiembre, no solo rechazó la solicitud del jefe comunal, sino que también levantó la suspensión del procedimiento que se había impuesto mientras se analizaba el requerimiento. Esto permite que la causa, identificada con el Rol 29-2023, retome su curso en el tribunal electoral, donde aún está pendiente una sentencia de primera instancia.
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El requerimiento de Meza, interpuesto el 19 de enero de 2026, apuntaba a evitar la aplicación de una norma específica de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Dicha ley estipula la suspensión de funciones de un alcalde una vez notificado de una sentencia de primera instancia que acoge un cargo por notable abandono de deberes o grave infracción a la probidad.
La defensa del alcalde argumentó que esta medida vulneraba el debido proceso, al considerarla una sanción anticipada antes de que la sentencia estuviera firme. Sin embargo, el TC desestimó esta postura, calificando la suspensión como una medida cautelar, provisional y excepcional, orientada a salvaguardar principios fundamentales como la democracia, la probidad, la transparencia y la responsabilidad en la función pública, y no como una sanción en sí misma.
El tribunal constitucional aclaró que, en caso de una sentencia condenatoria por parte del TER, esta podrá ser apelada ante el Tribunal Calificador de Elecciones, manteniendo la posibilidad de que la suspensión se materialice mientras se tramita dicha apelación.
La acción judicial que dio origen a este proceso fue presentada el 10 de agosto de 2023 por cuatro concejales de Linares: Myriam Alarcón, Marco Ávila, Carlos Castro y Michael Concha. La demanda solicita la destitución de Mario Meza de su cargo de alcalde y su inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de cinco años.
Entre las imputaciones formuladas contra el alcalde se encuentran presuntas irregularidades relacionadas con la dotación de personal municipal, la presentación de materias al Concejo Municipal, la rendición de la cuenta pública, el cumplimiento de pagos previsionales y el uso de recursos públicos destinados al área de educación.