El Concejo Municipal de Curicó rechazó este miércoles la renovación de patente nocturna para el Centro de Eventos CLC, ubicado en el sector Isla de Marchant de la Ruta J-60, por lo que desde ahora sólo podrá funcionar en horario diurno.
En votación dividida, fallaron en contra del permiso los ediles Mario Undurraga, Raimundo Canquil, Constanza Pinto y Paulina Bravo, mientras que a favor lo hicieron Edgardo Reyes, Pilar Contardo e Ivette Cheyre.
Asimismo, tanto el alcalde George Bordachar como el concejal Francisco Sanz, se abstuvieron.
Fue precisamente el jefe comunal quien sostuvo que una de las razones para no aprobar, estuvo relacionada "a la serie de incumplimientos por parte de la administración del recinto".
Además, relacionó esta decisión a la muerte del dirigente sindical, José Montes Elgueda, cuyo homicida se encontraba en un evento desarrollado en este lugar antes de cometer el delito.
"Estuve con los vecinos, y me señalaron que este lugar siempre genera problemas. Ellos, además, no han cumplido con nada (de lo comprometido)", señaló.
Rol de los concejales
Esta votación no estuvo exenta de discusión, debido a que se puso sobre la mesa las facultades que tienen las autoridades para votar a criterio, en contraste con lo que exige la ley si los requerimientos son cumplidos por los locales establecidos.
"Como Concejo no podemos rechazar, a no ser que se cumpla con la ley los requisitos para poder rechazar. Acá tenemos opiniones personales. Incluso, yo rechazaría muchas patentes, pero también está a lo que a nosotros nos norma", dijo el concejal Edgardo Reyes.
En la misma línea, el concejal Francisco Sanz sostuvo que "esto se produce por un choque de dos leyes; la de Rentas y la que faculta a los ediles para aprobar o rechazar".
Por lo anterior, se puede producir una instancia en la cual los comerciantes perjudicados podrían concurrir a Tribunales, adjudicando responsabilidad a los legisladores, para clarificar las leyes en este sentido.
Asimismo, el edil Mario Undurraga afirmó que esta disyuntiva no es nueva, incluso, en varias oportunidades le ha costado ser citado a órganos estatales para dar cuenta de sus decisiones para aprobar o rechazar una patente.
Así también, sostiene que siempre se ha mantenido firme en su postura de defender las facultades que tienen las autoridades en el Concejo Municipal.
"Todas las patentes cumplen los requisitos y la ley dice que somos los concejales quienes deben aprobar o rechazar", sostuvo.
En relación a lo anterior, la concejal Paulina Bravo afirmó que hay que ser cuidadosos en relación a rechazar patentes comerciales. Lo anterior, por las instancias judiciales a las cuales podrían recurrir los afectados, con demandas millonarias en contra del municipio. Esto trajo a la memoria lo sucedido con el local Jakuna, cuya resolución judicial determinó la ilegalidad en el rechazo del permiso para su funcionamiento, derivando en una acción en tribunales que aun se encuentra vigente. "Ya nos pasó en una oportunidad, donde la Municipalidad tiene que asumir demandas millonarias", dijo.