En suspenso se mantiene la orden de desalojo de la denominada toma de “Puerto Príncipe”, en el sector Dragones Sur en la comuna de Curicó, donde un terreno municipal se mantiene ocupado ilegalmente desde 2022 por cientos de personas que han levantado casi 250 viviendas.
Si bien el pasado 17 de mayo el municipio informó a los ocupantes que tenían un plazo de 30 días para abandonar el lugar de forma voluntaria, un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones frenó la medida. A ello, se suman las condiciones climáticas desfavorables de los últimos días que no permiten proceder con la sentencia, de acuerdo a lo indicado por el director jurídico, Juan Barrera.
Al respecto, el abogado apuntó que en el sitio se instalaron tres letreros, indicando a los habitantes de la toma que debían devolver el terreno de manera voluntaria en el plazo referido, lo cual no se ha concretado.
“La primera instancia fue promover un desalojo pacífico y voluntario, para evitar hacerlo de forma judicial con auxilio de la fuerza pública. (…). En estricto rigor, lo que correspondería sería pasar a la segunda etapa, que es dar curso al desalojo judicial propiamente tal, lo que implica la intervención de un ministro de fe, como sería un receptor judicial asesorado y apoyado por las policías", explicó el jurista.
El recurso, precisó Barrera, fue interpuesto ante el tribunal de alzada en Talca a favor de algunas de las familias que viven en la toma y declarado no admisible. “Actualmente, el caso se encuentra en tramitación ante la Corte Suprema, motivo por el cual, con el fin de tener certeza jurídica respecto a esta materia, hemos estimado prudente dar curso al desalojo judicial una vez que haya concluido la tramitación de este recurso”, refirió.
“Además de la arista judicial pendiente, las intensas lluvias que han afectado a la provincia de Curicó hacen aconsejable esperar condiciones climáticas propicias para que esta medida, que implica el cumplimiento de una resolución judicial, se realice de la mejor forma posible. Esto, sin poner en riesgo a las familias que ocupan ilegalmente el terreno ni a los menores de edad que puedan estar viviendo en este sector", mencionó el director jurídico del municipio.
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