Este miércoles se reunió nuevamente una mesa intersectorial para analizar el trabajo de desalojo de la toma ilegal a un costado del Río Guaiquillo, en el sector suroriente de la comuna de Curicó, donde se han levantado más de 80 viviendas que pretenden habitar personas de nacionalidad chilena y haitiana.
El encuentro fue encabezado por el delegado provincial, José Patricio Correa, junto al alcalde, Javier Muñoz, además de representantes del Servicio Nacional de Vivienda y Urbanismo (Serviu), Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Durante la reunión, se revisaron antecedentes de la protesta que los ocupantes realizaron en el frontis del municipio donde también hubo menores de edad, haciendo presente que estos estarían en situación de riesgo.
En ese sentido, el delegado presidencial apuntó a una “vulneración de derechos de los niños (…) Nuestra preocupación primaria es resguardar la integridad de estos quienes están en la comuna y en la toma ilegal”.
“Vamos a procurar resguardar absolutamente el derecho y tranquilidad de los niños. En esta toma ilegal están siendo vulnerados, no tienen los servicios básicos para vivir en una zona inundable y de riesgo con probables incendios”, denunció Correa.
Consultado sobre la orden de desalojo firmada por el anterior delegado, Leopoldo Ibáñez Benavides, su sucesor en el cargo indicó que “tenía una fecha ejecutable, pero estamos esperando todo el respaldo jurídico al respecto. Seguimos con la misma tramitación y vamos a buscar otras instancias”.
“Vimos intentos de agresión a medios de comunicación, cómo cortaron el tránsito y el libre desplazamiento. En esta delegación y al costado de la municipalidad, también hubo hechos bastante violentos. Vamos a buscar la mejor forma para no tener ninguna consecuencia al respecto”, aseguró la autoridad provincial.
Por su parte, el alcalde de Curicó afirmó que “ninguna de las personas en esa toma ilegal ha hecho una acción para tener un subsidio habitacional en el Serviu, de vivienda ni de arriendo. Ni siquiera tienen libreta. Han sido muy mal asesoradas respecto de la forma en que en este país las personas acceden a una vivienda”.
Junto con informar que se han realizado catastros sobre los menores de edad en la toma, Muñoz, sostuvo que “vamos a iniciar acciones a través de la Oficina de Protección de la Infancia (OPD) en los tribunales, por las vulneraciones que sufren los niños en el terreno mismo. (…) Están siendo usados para venir a protestar a la Plaza de Armas, poniendo en riesgo su integridad”.
“Tal como ocurrió en el caso de las familias venezolanas que llegaron hace poco más de un mes en la zona, se hizo una acción y los niños fueron derivados a residencias. En la medida que las familias han ido regularizando su situación, teniendo las condiciones adecuadas para tener a sus hijos, se les ha dado la opción de recuperarlos”, comentó el jefe comunal.
Acerca de los grupos habitacionales que han manifestado su malestar ante las exigencias de los integrantes de la ocupación, Muñoz, fue enfático en señalar que “no los vamos a dejar solos y van a tener prioridad siempre respecto de estas otras personas, que recién vienen apareciendo”.
Por último, el comisario de Carabineros de Curicó, mayor Guido Polidori, refirió que “una vez que se tome la decisión y se firme la nueva resolución, vamos a ver que el desalojo se lleve de la mejor forma, obviamente resguardando los derechos humanos de estas personas”.
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