Una treintena de personas, tanto haitianas como chilenas, se reunieron al mediodía de este miércoles en el frontis del municipio de Curicó, para protestar por el inminente desalojo de la toma ilegal que mantienen a un costado de la ribera del Río Guaquillo, donde se han levantado más de 80 viviendas.
A pesar de la presencia de Carabineros, los manifestantes impidieron la circulación de vehículos por calle Carmen, interrumpiendo el tránsito para exigir soluciones habitacionales a la autoridad local.
Uno de los participantes de la protesta señaló que “hay personas que tienen seis a siete años aquí, con hijas e hijos de nacionalidad chilena. En este momento es muy complicado por los arriendos, son muy caros, estamos en el terreno porque no tenemos cómo pagar. Tengo que defender a mi familia”.
“Hay muchas personas que no nos quieren arrendar más las casas. Tomamos ese terreno para gastar menos plata”, sostuvo el hombre.
Otro de los manifestantes denunció que “están haciendo algo racista porque cuando llamamos para arrendar una casa, escuchan que somos haitianos y no nos quieren arrendar. Tenemos hijos y derecho a vivir, no podemos dormir en la calle. No estamos buscando problemas. Fuimos allá al río, estamos limpiando ese pedazo para vivir tranquilos”.
En conversación con VLN Radio, el alcalde, Javier Muñoz, apuntó que existe un sujeto chileno “que azuza e incluso hace cobros a estas personas por esta gestión inmobiliaria. De acuerdo a los antecedentes que se nos han proporcionado, él sería quien estaría haciendo esto y nosotros por lo tanto nos hemos querellado en su contra”.
“No solo está usurpando terrenos que no le corresponden, que además no son para el destino de la vivienda y poniendo en riesgo a las personas, sino que también está jugando con la ilusión y necesidad de un montón de inmigrantes”, acusó el jefe comunal.
Asimismo, Muñoz, aclaró que “uno entiende la situación, pero quiero decirles a ellos que su situación no es muy distinta a la de cientos de familias curicanas que hoy están agrupadas como corresponde, en grupos habitacionales con los cuales estamos trabajando desde hace muchos años para poder lograr terrenos y proyectos habitacionales, que les permitan tener su casa propia”.
“Curicó es una ciudad que se ha construido en base a muchas colonias inmigrantes y personas que han llegado de otros países. Uno los acoge de buena manera y buena fe, pero aquí hay que respetar la ley. No es posible pretender que, por ser extranjeros, van a pasar a llevar los derechos y el trabajo de las familias que llevan años trabajando para obtener su casa propia”, declaró el alcalde curicano.
Este martes, el delegado presidencial provincial, José Patricio Correa, afirmó que solo se está a la espera de la documentación correspondiente para iniciar el proceso de desocupación, el cual involucra el uso de la fuerza pública de ser necesario.
“El desalojo va a ser sí o sí, porque es un espacio que no reúne las condiciones y no se ampara bajo la legalidad para ser utilizado como vivienda. Lo que se tiene que establecer es que la vía sea lo que jurídicamente corresponde”, advirtió la autoridad.
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