Corte Suprema ratifica rebaja de condenas a tres abusadores de menores en la Región del Maule

Tres de los recientes casos identificados a nivel nacional por la rebaja de condenas a violadores y abusadores de menores de edad corresponden a la Región del Maule. Específicamente, se trata de fallos judiciales procedentes de los tribunales de Talca y Curicó, los cuales quedaron bajo el escrutinio público tras una revelación del portal de investigación biobiochile.cl.

El primer expediente judicial involucra a Rodrigo Castro Cortez, quien fue condenado en 2015 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó a 15 años de cárcel por el delito de violación contra una menor de 14 años. Aunque en primera instancia el ministro de Justicia, Fernando Rabat, rechazó otorgarle la disminución de la condena, la Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso de amparo a favor del reo y fijó un plazo estricto de 24 horas para la dictación del decreto correspondiente. Esta resolución fue ratificada posteriormente por la propia Corte Suprema, consolidando un beneficio que le significó a Castro un descuento total de 24 meses de prisión.

Un procedimiento de características similares benefició a Marcelo Benítez, sentenciado a 16 años de cárcel por delitos continuados de violación y abuso sexual en perjuicio de una menor de 14 años. Al igual que en el caso anterior, la negativa inicial emanada desde el Ministerio de Justicia fue revertida de manera unánime por el tribunal de alzada en Talca. Dicha decisión contó finalmente con el respaldo de la Corte Suprema para formalizar una reducción de 27 meses en su pena.

El tercer caso registrado en la zona maulina corresponde a Salvador Bravo Rocha, condenado a 6 años de presidio por la violación de una menor de 14 años. A diferencia de las causas anteriores, la Corte de Apelaciones de Talca rechazó inicialmente un recurso interpuesto por la defensa del reo, argumentando en un fallo dividido que la rebaja de condena no constituye un derecho adquirido sino una mera expectativa. No obstante, la Corte Suprema revocó ese dictamen y ordenó la emisión inmediata del decreto de libertad, otorgándole al condenado una rebaja de 11 meses.

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Estos tres expedientes regionales forman parte de una nómina de 10 nuevos casos revelados recientemente en los cuales la Corte Suprema resolvió ordenar la rebaja de las penas impuestas por los tribunales ordinarios, tal como había ocurrido previamente en la administración de Gabriel Boric. La disparidad en las resoluciones deja en evidencia que la Corte Suprema carece de un criterio uniforme respecto a si la prohibición legal aprobada en 2022, que excluye de estos beneficios a los condenados por delitos sexuales contra menores, resulta aplicable a quienes cometieron los ilícitos con anterioridad a dicho año. Además, 13 de los 56 casos totales beneficiados permanecen sin individualizar debido a que el Gobierno aún no ha entregado la nómina completa para el esclarecimiento de los hechos.

Ante la profunda controversia generada por estas decisiones judiciales, el vocero y secretario general subrogante de Gobierno, Gonzalo Arenas, sostuvo que el Ejecutivo está avanzando para destrabar el conflicto de manera definitiva. En esa línea, la autoridad aseguró que "estamos coordinando la estrategia del Ministerio de Justicia por lograr una solución definitiva para las víctimas de lo que ha ocurrido con el tema de las rebajas de condena". Para lograr este objetivo, el secretario general subrogante detalló que el ministro de Justicia "está intentando coordinar una mesa técnica con parlamentarios y ayudando a tramitar de la forma más rápida posible el proyecto que hemos llamado 'Nunca más' para evitar que vuelvan a ocurrir estas situaciones en donde personas condenadas por delitos graves puedan obtener este beneficio de reducción de condena".