Contraloría detecta a 14 funcionarios del Maule usando viviendas fiscales pese a tener casa propia

La Contraloría Regional del Maule detectó diversas y graves irregularidades en la administración y asignación de viviendas fiscales destinadas a funcionarios públicos en la región. A través del Informe Final de Investigación Especial N.º 393, evacuado el 10 de septiembre de 2026, el ente fiscalizador examinó la gestión de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales y de los distintos organismos públicos beneficiados, constatando faltas que derivaron en la instrucción de un procedimiento disciplinario.

Uno de los principales y más graves hallazgos del informe corresponde a la detección de 14 funcionarios, pertenecientes a ocho servicios públicos de la región, que mantenían viviendas fiscales asignadas a pesar de que ellos o sus cónyuges ya figuraban como propietarios de inmuebles particulares en la misma localidad donde ejercen sus funciones. Según detalló Contraloría, de ese total, 11 funcionarios aparecen como dueños directos de propiedades (seis de uso habitacional, cuatro agrícolas y un sitio eriazo), mientras que los tres restantes corresponden a bienes inscritos a nombre de sus cónyuges. Además, las imágenes satelitales revelaron que tres de los terrenos clasificados como agrícolas o eriazos cuentan con construcciones. Esta situación vulnera directamente el artículo 91 de la Ley N.º 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, el cual prohíbe explícitamente este beneficio cuando el funcionario o su pareja poseen una vivienda en la zona de servicio.

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La auditoría también desnudó una grave falta de control sobre la ocupación y mantención de las propiedades del Estado. El equipo fiscalizador encontró dos viviendas fiscales en evidente estado de abandono, ubicadas en las comunas de Molina y Talca. Asimismo, identificó tres inmuebles asignados que seguían siendo utilizados en situación irregular por personas que ya no tenían la calidad de funcionarios públicos activos. A estos antecedentes se suma la identificación de nueve propiedades que eran utilizadas como residencias por funcionarios, a pesar de que los actos administrativos establecían que su destino oficial era distinto al habitacional, como oficinas o salas cuna. Finalmente, en materia de normativa de construcción, se registraron 17 viviendas fiscales, ubicadas en Talca, Cauquenes, San Clemente, Linares y Pelluhue, que carecen de los permisos de edificación y recepción municipal correspondientes.

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En el ámbito financiero, la Contraloría alertó sobre obligaciones vencidas que superan los 45 millones de pesos. En detalle, las deudas impagas asociadas a estas viviendas fiscales se desglosan en $33.520.384 por derechos de aseo municipal, $8.186.850 por consumo de agua potable y $4.008.296 correspondientes a servicios de electricidad. Ante esto, el organismo exigió a Bienes Nacionales que requiera a los servicios responsables la regularización inmediata de estas deudas o, en su defecto, la restitución de los inmuebles.

El origen de estas irregularidades apunta a las debilidades administrativas de la Seremi. El informe comprobó que la cartera de Bienes Nacionales en el Maule "no contaba con un catastro actualizado de las viviendas fiscales con fines habitacionales para funcionarios públicos de la región", presentando direcciones erróneas y omisiones en su registro. Asimismo, se verificó una falencia en las inspecciones: entre enero de 2021 y abril de 2026, 22 de estas viviendas nunca fueron fiscalizadas. Por todo lo anterior, Contraloría ordenó a la Seremi subsanar las irregularidades, iniciar procedimientos disciplinarios para determinar responsabilidades y desarrollar un sistema exclusivo para el control de los inmuebles.