Un duro revés sufrió la estrategia de seguridad del Gobierno conocida como Operación Cancerbero, luego de que el Juzgado de Garantía de Iquique ordenara que cuatro miembros del denominado "Clan Chen", quienes habían sido trasladados a la nueva cárcel de máxima seguridad La Laguna en Talca, sean devueltos al penal de Alto Hospicio.
La determinación del tribunal se fundamentó en que el reporte técnico enviado por Gendarmería no habría cumplido con el estándar legal requerido para justificar y sustentar el traslado de los reos. Los imputados, identificados como Longdi Chen, Wu Chen, Wen Chen y Ziliang Chen, enfrentan graves cargos por los delitos de asociación ilícita y son sindicados como los líderes de una organización que habría lavado más de 160 mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
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Frente a este escenario, desde el Ministerio de Justicia precisaron mediante una declaración que las políticas de segregación de prisioneros corresponden exclusivamente a Gendarmería, aclarando que dicha institución acata las decisiones judiciales, sin perjuicio de las acciones que en derecho pueda ejercer.
En la misma línea, la unidad jurídica del organismo penitenciario confirmó que se encuentra evaluando la interposición de recursos legales para intentar revocar el fallo que beneficia a los ciudadanos extranjeros. En tanto, la defensa legal que representa a los imputados declinó emitir declaraciones públicas sobre el dictamen.
Abordando esta controversia institucional, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, respaldó el trabajo realizado durante los masivos traslados, remarcando que "la Operación Cancerbero fue un éxito" y que se deben respetar las atribuciones exclusivas de las autoridades penitenciarias. Sobre este punto, el secretario de Estado afirmó que "lo relevante es entender que es el director de Gendarmería quien dispone de las facultades legales y reglamentarias para segmentar y disponer qué imputado y qué condenado se va a encontrar en cada uno de los penales. Esta es una cuestión de seguridad y de enfrentamiento al crimen organizado y al terrorismo".
Asimismo, la autoridad gubernamental subrayó que "en La Laguna hoy hay reos de alta peligrosidad y, por lo tanto, lo que pedimos como Gobierno es que se respeten las facultades del director de Gendarmería al momento de perfilar a los criminales y al momento de segmentar en cada centro penitenciario quién debe encontrarse ocupando aquel lugar".