La visita del Presidente José Antonio Kast, para inaugurar el Centro Penitenciario La Laguna,estuvo precedida por manifestaciones en el sector contiguo de Aldea Campesina. Un grupo de vecinos y dirigentes se movilizó a primera hora para visibilizar el abandono estatal que acusan sufrir tras la instalación de la cárcel.
En un comienzo, los manifestantes no pudieron acercarse a la comitiva presidencial debido a un estricto perímetro establecido por Carabineros y personal de Control de Orden Público (COP), el cual restringió el paso de los residentes a más de 30 metros de la vía principal, bajo un amplio despliegue de seguridad que incluyó sobrevuelos de helicópteros.
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Sin embargo, tras las gestiones coordinadas por el Seremi de Seguridad, Germán Parra, se logró concretar una reunión privada. El Presidente Kast se trasladó hasta la sede social "René Miranda" para escuchar de primera fuente las inquietudes de los pobladores.
Durante el encuentro, el vocero y dirigente vecinal del sector, Omar Ramírez, expresó al Mandatario el profundo malestar de la comunidad frente a los compromisos asumidos por el Estado que aún no se han concretado, entregando antecedentes de administraciones anteriores que también prometieron soluciones.
Las exigencias se centran en promesas pendientes de pavimentación de calles y la instalación de red de alcantarillado, sumado a problemas con la energía eléctrica que generan anegamientos y cortes en invierno.
Además, la falta de concreción del proyecto para un jardín infantil y un Centro de Salud Familiar (CECOSF).
En la misma línea, lo dirigente afirma que aunque se prometió un retén móvil para resguardar a los pobladores, la presencia policial se concentra exclusivamente en el perímetro de la cárcel, dejando desprotegido al barrio.
Los vecinos reiteraron sus denuncias por malos olores, plagas de moscas en época estival y la constante polución por la falta de asfalto. "Esto no es de este gobierno, es del Estado de Chile. El Estado es el que se comprometió con nosotros como dirigentes y como pobladores", han manifestado los vecinos, exigiendo respuestas concretas tras años de espera.
A los problemas de infraestructura y servicios se suma la inquietud por el incremento de internos en el recinto penitenciario, el cual proyecta albergar a más de 2.200 reclusos. Los vecinos alertaron sobre el reciente traslado de internos desde Santiago y el impacto que generará la población flotante de familiares y visitas en las inmediaciones del sector, advirtiendo que no existen las condiciones urbanas ni de seguridad adecuadas para recibir dicho flujo.
Por su parte, desde Carabineros indicaron que la llegada de los reos obedece a un proceso previamente planificado que se está desarrollando bajo todos los estándares y protocolos de seguridad establecidos, desestimando que los traslados afecten directamente la tranquilidad inmediata de la zona perimetral externa durante su ejecución.
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