El parque de motocicletas continúa en constante expansión tanto a nivel nacional como regional. Sin embargo, este explosivo aumento en las calles no ha ido de la mano con una infraestructura de educación vial adecuada, limitando el acceso a una formación especializada y segura para miles de conductores fuera de la capital.
Así lo advirtió la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM), gremio que alertó sobre la existencia de una brecha estructural en el sistema de seguridad vial chileno debido al fuerte centralismo y a las barreras regulatorias vigentes.
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De acuerdo a los datos entregados por la organización y la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), el escenario actual refleja una profunda disparidad. Por ejemplo, las ventas de motocicletas en la Región del Maule crecieron un 17,1% entre mayo de 2025 y mayo de 2026.
Entre 2018 y 2025 se comercializaron 297.843 unidades en todo el país. El segmento de motos de calle concentró el 87% de las preferencias.
Mientras Chile cuenta con más de 650 escuelas de conducción para automóviles, actualmente existen apenas dos escuelas certificadas para enseñar a conducir motocicletas, ambas emplazadas en Santiago.
Frente a este escenario, desde la ANIM señalaron: “La formación de conductores es un elemento central para avanzar en seguridad vial. Hoy existe una demanda creciente por capacitación formal, pero las condiciones regulatorias dificultan la creación de nuevas escuelas especializadas”.
El proceso de certificación para abrir una escuela de motocicletas presenta exigencias que, según el gremio, no se ajustan a la realidad de este tipo de formación. Entre las inconsistencias detectadas destaca la obligación de contar con seguros de responsabilidad civil de hasta 1.000 UF por vehículo, un requisito originalmente concebido para licencias profesionales de vehículos de mayor tamaño y no para prácticas en circuitos cerrados.
Sobre este punto, José Ignacio Zenteno, director de ANIM, agregó que las dificultades también pasan por la burocracia estatal. “En algunos casos, incluso distintas autoridades interpretan de manera diferente sus competencias sobre este tipo de instalaciones, lo que genera incertidumbre y retrasa los procesos”, afirmó.
El impacto en regiones
La centralización de estos recintos golpea directamente a los usuarios de regiones como el Maule. Alejandra Álvarez, directora de Women Riders Chile y la primera mujer acreditada como instructora de motos en el país, sostuvo que el problema no pasa por la falta de capacidades técnicas.
“Existen personas preparadas y con vocación para enseñar correctamente, pero el proceso de certificación es lento, costoso y poco claro. Muchas veces los criterios no son uniformes y los trámites pueden extenderse durante meses”, explicó la profesional. En esa misma línea, lamentó que “hoy miles de motociclistas simplemente no tienen alternativas cercanas para capacitarse de manera profesional”.
Finalmente, el gremio concluyó haciendo un llamado a las autoridades a modernizar la normativa. “Si queremos mejorar la seguridad vial de manera sostenible, necesitamos más y mejores espacios de formación. La motocicleta dejó de ser un vehículo de nicho y hoy cumple un rol clave en la movilidad cotidiana de miles de personas, tanto en ciudades como en zonas rurales”, sentenció la ANIM.